Después de que hace pocos días el Consejo de Ministros aprobara el Bono Joven de Alquiler, la cartera de la juventud española tiene la mirada puesta en este medida, integrada en un paquete conformado por 200.000 millones de euros del que se calcula que se podrán beneficiar hasta 70.000 jóvenes. La fecha a partir de la que se podrá solicitar aún no está fijada, pero calculan que será dentro de un mes y medio o dos, aproximadamente. Llegado este día, los trámites se realizarán en las oficinas del departamento de vivienda de las comunidades autónomas, tanto de forma presencial como telemática y tendrá carácter retroactivo. Es decir, se aplicarán desde el 1 de enero de 2022.  

Tal y como se desprende de esta ayuda destinada a aportar 250 euros al mes durante dos años, los posibles beneficiaros deben cumplir una serie de requisitos. Tener entre 18 y 35 años, ser ciudadano español, comunitario o de terceros países con residencia legal en España. Tamién tienen que poder acreditar que viven en régimen de arrendamiento, figurar en el contrato de alquiler y estar empadronados en el piso.

Unido a estos criterios también destaca la fuente de ingresos. Su contrato de trabajo no debe superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 24.318,84 euros anuales y deben ser personas que en la actualidad estén trabajando y puedan acreditar, al menos, tres meses de antigüedad en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud. Además, la iniciativa también contempla la posibilidad de subir el límite hasta cuatro veces el IPREM, lo que supondría 32.425,12 euros anuales, en el caso de que el perceptor del bono se mueva entre provincias o de una comunidad autónoma a otra y siga manteniendo los requisitos para solicitarlo.

Así las cosas, la ayuda se aplicará a cada joven, no a cada vivienda y, de forma general, la cuantía máxima del alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales. En este contexto cabe preguntarse qué efectos puede tener el Bono Joven de Alquiler sobre el mercado inmobiliario. Para Montse Moreno, vicepresidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) se trata de una medida más coyuntural que estructural y que, en primer lugar, tendrá un efecto inflacionista. “Se está dando un subsidio a cierto segmento de jóvenes sobre una vivienda libre, por lo que las que estaban en 500 subirán a 600 euros”, explica. 

De igual forma, además de subir los precios de los alquileres hasta los 600 euros, la experta cree que aprovechándose de que los jóvenes recibirán esta ayuda también les requerirán asumir otros pagos como los gastos de comunidad o el IBI, de forma que el propietario de una vivienda que inicialmente tenía el precio del alquiler mensual fijado en 500 euros podría aumentar sus ingresos hasta 150 euros cada mes.

En segundo término, Moreno destaca que este bono no va a la raíz del problema. Tal y como está recogido, tiene una duración de 24 meses, por lo que considera que en los contratos de cinco años de duración habrá arrendadores que se plantearán si, pasado este tiempo, sus inquilinos podrán hacer frente al alquiler: “A la hora de calcular la solvencia, seguirán siendo clientes que no cumplen los requisitos que tienen los propietarios o que piden las compañías de seguros” para formalizar un alquiler.

Sumado a estos dos elementos, Moreno también pone el foco en la base imponible del sueldo de cada solicitante: “Imagínate que estás en una base imponible de 24.000 euros y optas al bono. Al darte los 3.000 euros, subes hasta los 26.500 y podrías variar de tramo de IRPF, con lo cual hay una parte de ese dinero que también lo tienes que devolver vía impuestos”. “Es lo comido por lo servido”, concluye. 

Por todo ello, desde la AEPSI su vicepresidenta comenta que esta medida supone, igualmente, una discriminación hacia los jóvenes con salarios superiores. “El que gana 25.000 euros tiene el mismo problema para acceder a la vivienda y, si se quisiera beneficiar todos, el coste de esta medida a nivel de presupuestos sería muy fuerte”. Así, destaca que, si verdaderamente se quiere promover la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda, una opción es la generación de un parque de vivienda pública en alquiler, “destinado a colectivos vulnerables que temporalmente la necesite y enfocado durante determinados años”. De esta manera, las garantías requeridas no serían las mismas y, en lugar de otorgar ayudas directas, se proporcionarían alquileres más económicos.

Un posible aumento del límite establecido

Siguiendo la línea de las posibilidades del Bono Joven de Alquiler, dado que en algunas ciudades los 600 euros establecidos excluirían a gran parte de las viviendas, el Gobierno también ofrece la posibilidad de que cada comunidad autónoma amplíe dicho límite hasta los 900 euros mensuales. Del mismo modo también ocurre así con el alquiler de habitaciones. El precio tope por habitación está fijado en 300 euros, aunque en algunos casos podría subir hasta los 450 euros.

Las principales beneficiarias serán grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia u otras ciudades como San Sebastián que, a pesar de que su tamaño es más reducido, los precios son elevados. Sin embargo, tal y como ocurría en el caso de las viviendas cuyo precio máximo se fije en los 600 euros, Moreno prevé que los propietarios también tenderán a subir los de estas hasta este nuevo límite.

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