El presidente de la agrupación que representa a la patronal, Antonio Garamendi, ha dejado claro en distintos medios que no asistirá a las próximas reuniones con el Gobierno. Este mismo jueves estaba prevista una reunión con el ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, para conocer en detalle la propuesta sobre Ingreso Mínimo Vital.

En ese sentido, Garamendi ha expresado su enfado con el fondo y las formas del Gobierno. Tacha como "desprecio indignante" la forma en que se ha dado el visto bueno a una reforma laboral en los términos que anunció Bildu durante la tarde del miércoles. De ese modo, Garamendi anuncia que su organización no participará en ningún tipo de encuentro con el Gobierno, al menos, hasta que se les faciliten más detalles de lo que significa este anuncio.

La votación de este miércoles en el Congreso validó prorrogar de nuevo el estado de alarma, en esta ocasión hasta el 7 de junio. Sin embargo, a los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, cada vez les resulta más difícil que su hoja de ruta prospere. La última concesión se conoció a última hora de la tarde, cuando EH-Bildu hizo público que el PSOE y Podemos se comprometían a derogar la reforma laboral "antes de la finalización de las medidas extraordinarias" tomadas para capear la pandemia.

El Gobierno eludió dar ninguna explicación más concreta, salvo el compromiso que mostró Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso. Así, explicó que se trataba de uno de los puntos que abordaría durante su mandato, pero sin precisar fechas.

No obstante, tras el revuelo que provocó el anuncio de la formación vasca, el PSOE difundió un comunicado en el que matiza el acuerdo. De ese modo, el partido que encabeza Sánchez ya no habla de una derogación "de manera íntegra", sino que apunta en concreto a la posibilidad de despedir por absentismo a los empleados de baja por enfermedad, además de las limitaciones de aplicación temporal de los convenios colectivos. También se matiza la posibilidad de derogar dichos puntos antes de que finalice el estado de alarma.

En esa misma nota, se añade que se impulsará la protección de las personas trabajadoras "en el marco del diálogo social". Sin embargo, este acuerdo se toma al margen de los interlocutores sociales, que ayer mismo mantuvieron una reunión con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para establecer una hoja de ruta para los ERTE a partir del 30 de junio.

La CEOE ha mostrado a través de un comunicado su indignación con este acuerdo. "Rechazamos con total rotundidad", dice la organización empresarial, y dice que este pacto "supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita". La organización que preside Antonio Garamendi afirma que el pacto "es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial".

En referencia a la reunión que mantuvieron patronal, sindicatos y Gobierno, CEOE afirma que "es totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral". En suma, CEOE considera que este acuerdo solo servirá para "echar por tierra" los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en el diálogo social.

Por su parte, más que valorar la noticia, los sindicatos insisten en que este compromiso del Gobierno ya se encontraba presente en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, el secretario general de Comisiones Obreras, reconoce que el cambio de agenda producido por el COVID-19 requiere "hacer compatible una mayoría parlamentaria y el diálogo tripartito", en alusión a que en este caso se obviado a los agentes sociales.