De manera silenciosa en un principio y después a puro grito, las criptomonedas acaparan portadas y titulares. No porque la prensa tenga más o menos interés, sino porque inversores y usuarios de todo tipo demandan información sobre este fenómeno de la tecnología con el que muchas han ganado mucho dinero.

A día de hoy, la capitalización de este mercado se estima en 2,5 billones de dólares. Esa cantidad representa toda la producción económica española de dos años. Por eso, ya no se puede hablar de un mercado secundario o de una apuesta para amantes del riesgo.

Ante ese crecimiento, los bancos centrales se plantean crear sus propias criptomonedas para capturar el atractivo de este tipo de activos bajo su control. Sin embargo, los proyectos se encuentran en fases muy tempranas y aún se tardará años en que entidades como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal lancen sus propias divisas en este formato. Por eso, cabe preguntarse qué hacer mientras tanto al respecto de este fenómeno.

El debate ya existe. Aunque más que un debate hay consenso entre todas las partes afectadas. La regulación resulta imprescindible se mire desde la arista que se mire: tanto si se observa como una inversión o como medios de pago.

Todo tipo de inversiones o monedas cuentan con unas normas que regulan su uso, así como la responsabilidad de quienes invierten y de quienes las ofrecen como inversión. El propio Fondo Monetario Internacional advierte de que la emergencia de este mercado transforma la manera en que funciona el sistema monetario y financiero internacional. El organismo indica que existen riesgos que "pronto podrían tornarse sistémicos en algunos países", sobre todo en aquellos donde el sistema monetario es frágil.

Otra de las advertencias tiene que ver con la sobrevaloración. El FMI reconoce que la capitalización está respaldada por el "considerable valor económico de las innovaciones tecnológicas", pero a su vez alerta de "efervescencia en un entorno de valoraciones excesivas". Esto se demuestra en momentos de incertidumbre, como la aparición de la variante ómicron, que desató las ventas de criptoactivos.

En todo caso, el organismo que dirige Kristalina Georgieva se toma en serio el fenómeno y llama a los estados a reaccionar con rapidez y coordinados entre sí. Al ser un mercado global, el enfoque nacional es menos eficaz, dice el FMI. Además, también ocurre que los proveedores de servicios de criptoactivos son transfronterizos, por lo que la supervisión y regulación se complica en el caso de los actores nacionales.

Así, el Fondo reclama una regulación integral, coherente y coordinada ante esta cuestión. Las principales recomendaciones de la organización tienen diversos focos:

El primero, que existan permisos o autorizaciones específicas para los proveedores de servicios de criptoactivos. Como ocurre con los bancos, que almacenan, transfieren y custodian dinero, los proveedores de criptomonedas deben contar con unas autorizaciones concretas basadas en criterios "claramente enunciados".

Deben existir diferentes requisitos en función de los servicios que se proporcionan. Es decir, si un proveedor proporciona la posibilidad de invertir, debe tener requisitos similares a los que tienen los agentes y corredores de valores, que además cuentan con la supervisión de un regulador. Lo mismo puede aplicarse con los servicios de pagos.

En cuanto a las instituciones financieras reguladas, el FMI reclama controlar la exposición a las actividades de criptoactivos. Eso permitiría evaluar los riesgos para sí mismo, pero también para los inversores.

Estas directrices persiguen abordar retos de diferentes índoles, como son la tecnología, el ámbito jurídico, regulatorio y de supervisión. Desde el FMI se pide empezar ya para "preservar la estabilidad financiera sin desaprovechar las ventajas que traen consigo las innovaciones tecnológicas".

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