Que las empresas españolas no estén atravesando por un momento de salud económica no es nuevo, sin embargo, sorprende que en el último año haya aumentado el porcentaje de negocios que asumen deudas de sus clientes para poder continuar con su actividad laboral. Según ha publicado Intrum en su último Informe Europeo de Pagos, más del 50% de negocios aceptan impagos ante la incertidumbre empresarial actual.

La inflación, la subida de los tipos de interés o los problemas añadidos como resultado de la vacilación del país, son algunos de los factores que hacen que, cada vez más compañías, acepten esta situación. Un problema que, desde 2021, ha incrementado notablemente, repercutiendo seriamente en el global de la economía del país y profundizando una brecha cada vez más evidente entre cliente y empresa.

La problemática parece cobrar especial importancia en el tejido empresarial español donde la mitad de las empresas se declaran incapaces de gestionar la actual crisis económica que vive el país. Todo ello, sumado a la falta de medios que seis de cada diez negocios afirman tener para pagar a sus proveedores, tal y como demuestra el informe internacional.

Alcanzando actualmente una cifra muy superior al anterior año donde, el 36% de los negocios españoles contaban con esta situación de retraso en los pagos de los clientes, la tendencia ha cambiado. El 51% que confirman este escenario, asume voluntariamente acceder a la petición de aplazar el cobro de los recibos con el fin de evitar la quiebra.

El documento apunta también a otra inclinación al alza por parte de los empresarios españoles. Estos optan por revisar las condiciones de pago para que, de esta manera, el comprador pueda posponer su deuda sin que ello afecte en la relación de empresario-cliente. España, en esta situación, se sitúa dos puntos porcentuales por debajo de la media europea.

Estas condiciones de pago estarían afectando negativamente a un 48% de las empresas nacionales, especialmente en el sector público. Los negocios pertenecientes a este gremio posponen los pagos de los clientes una media de 22 días, mientras que la empresa privada se estima una media de 16 días de demora. Comparado con el mismo periodo del año anterior, 11 días por encima en la pública y 12 en la privada, como indica el Informe Europeo de Pagos.

A pesar de la apuesta gubernamental con recientes políticas para impulsar a la empresa española, especialmente la de menor tamaño, el retraso en los pagos cada vez es más recurrente en la sociedad. La Ley Crea y Crece o la Ley de Morosidad son algunas de los últimos decretos aprobados para paliar una situación cada vez más preocupante. La emisión de facturas electrónicas a tiempo real con Hacienda o un seguimiento más exhaustivo de los clientes con deudas, favorece al empresario.