Dos años después de que Reino Unido diera el paso de decir adiós a la Unión Europea, las maletas aún no están cerradas. Si bien la cuenta atrás -fechada el 29 de marzo de 2019- se aproxima, sus efectos en España aún son tenues, pero se harán notar en un futuro no tan lejano, especialmente, para los residentes en este país.

Se estima que el Brexit afectará de manera directa a los cerca de 296.000 británicos residentes registrados en España -aunque la cantidad real se puede acercar al millón- propietarios de inmuebles, en su mayoría. Según se recoge el estudio 'Temas de Actualidad en el crédito al consumo', presentado este miércoles por Asnef, los británicos son los extranjeros que más casas compran en España, con una participación en el mercado inmobiliario nacional que asciende al 20% y que, en ocasiones, están financiados por bancos de crédito españoles.

Aunque el análisis, elaborado por el doctor en Derecho, José María López Jiménez, no detalla una cifra exacta, si alerta de que el "eventual" regreso de algunos británicos prestatarios a su país podría salpicar a algunas entidades al tener que enfrentarse a "dificultades para el recobro" de dichos préstamos.

Una situación esta última que también podría derivar del debilitamiento de la libra frente al euro. Desde junio de 2016, la inflación en Reino Unido se ha incrementado un 3% como consecuencia de la depreciación de su moneda.

Los sectores más expuestos a esta ruptura son el de la automoción, el industrial y químico, así como las actividades vinculadas con el turismo y el ocio. El traslado de la producción de alas de avión de Airbus a otros países de la Unión Europea, EE.UU. o China, así como Ferrovial han sido de las primeras en tomar la decisión.

En este sentido, el estudio asegura que España podría crear entre 20.500 y 52.900 nuevos empleos como consecuencia del Brexit, en áreas como el financiero, el I+D+i y la hostelería. Todo ello se traduciría en un aumento de la recaudación fiscal de entre 430 y 1.450 millones.

Sin embargo, Reino Unido es el segundo país que más invierte en España y el cuarto destino de las exportaciones españolas de mercancías, un contexto donde el jurista propone la búsqueda de proveedores alternativos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera. Se estima que una salida "dura" tendría un coste de 1.000 millones de euros en exportaciones perdidas.

Sin embargo es en materia de presupuesto comunitario, donde el divorcio de esta economía cuyo peso equivale a los 20 países más pequeños de la Unión juntos, donde más se haría notar. España, que tradicionalmente es receptora de fondos pasaría, probablemente, al grupo de contribuyentes, lo que conlleva un aumento de la cuantía a pagar de 888 millones de euros, además de la pérdida de fondos de algunas comunidades autónomas, eso sí, a cambio de "mayor influencia y poder de decisión".