A partir del 1 de enero de 2023, las empresas deberán hacer frente a un nuevo tributo. El Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, –aprobado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular– que busca reducir la cantidad de este componente que acaba vertido al mar.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) se ha pronunciado al respecto de esta nueva normativa, augurando “graves problemas” a partir del inicio del nuevo año. La AEDAF señala la existencia de un vacío legal, ya que las empresas, en muchos casos, no tienen forma de obtener información relacionada con el tipo de plástico usado en los envases y embalajes, así como el peso del mismo. Esto se debe a que esta certificación se exige con independencia del país de procedencia y la voluntad de cooperar del fabricante. Así, la Asociación pide, como consecuencia, la modificación de la Ley antes de que entre en vigor en poco más de un mes.

Una ley demasiado estricta

Además, la AEDAF critica la naturaleza expansiva de este tributo, que no tiene un equivalente en ningún otro país, al gravar no solo los plásticos, sino también los embalajes, afectando tanto a fabricantes como a las empresas que realicen importaciones o exportaciones de productos que contengan este material. Por otro lado, la cantidad exenta también es más baja que en otros países con legislaciones similares. La asociación indica que el límite en el Reino Unido es de 10 toneladas anuales, mientras que en España será de 5 kg mensuales y que no hay exenciones si los envases o embalajes están compuestos de material parcialmente reciclado.

En resumen, la AEDAF considera que el impuesto es de” gestión casi imposible en la práctica” según viene detallado en la normativa a punto de entrar en vigor y apuntan a los costes de gestión administrativa que podrían exceder lo recaudado por el propio tributo.

Una tasa proveniente de Europa

El 1 de enero de 2021, la Unión Europea (UE) introdujo un impuesto basado en la cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados producidos por cada Estado miembro de la Unión Europea. Este "impuesto plástico" está diseñado para reducir la proliferación de residuos plásticos no reciclados y, al mismo tiempo, financiar el presupuesto de la UE 2021-2027 por el aumento del gasto público a raíz de la pandemia. Cada Estado miembro está obligado a pagar una tasa de 0,80 EUR por kilogramo de residuos de envases de plástico no reciclados. 

Mientras que algunos Estados miembros han decidido cargar esta tasa a sus presupuestos nacionales, otros, como España, han introducido (o están en proceso) nuevos impuestos, tasas o contribuciones sobre productos que contengan este material.