La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imponer medidas cautelares contra Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de BBVA. Entre ellas se encuentra la de imponer la libertad bajo fianza de 300.000 euros. Corrochano, que debía declarar este viernes, se ha acogido a su derecho a no hacerlo ante su implicación en presuntos delitos de cohecho activo y […]
NacionalDirigentes Digital
| 05 jul 2019
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imponer medidas cautelares contra Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de BBVA. Entre ellas se encuentra la de imponer la libertad bajo fianza de 300.000 euros. Corrochano, que debía declarar este viernes, se ha acogido a su derecho a no hacerlo ante su implicación en presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
Más allá de esa petición de la Fiscalía, este jueves Antonio Béjar González, exjefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, admitió que el banco contrató a Cenyt, la compañía del excomisario Villarejo, entre 2010 y 2013.
Lo hizo durante su declaración ante la Audiencia Nacional, aunque ha insistido en que desconocía que la empresa estuviera relacionada con Villarejo. En cuanto al servicio que desempeñaba Cenyt para BBVA, Béjar declaró que consistía en la localización de morosos.
Además, explicó que no conocía personalmente al excomisario y que no tuvo ninguna relación directa con él a nivel profesional.
Por otro lado, en su declaración, que duró diez minutos, comentó que actuó conforme a la ley y a los códigos internos del banco. Béjar ha sido el único de los cuatro directivos citados a declarar que ha dado explicaciones ante la justicia, ya que el resto de dirigentes, Javier Malagón Navas (director de Finanzas) e Ignacio Pérez Caballer (director de Red Banca Comercial) se han acogido a su derecho a no declarar.
Por su parte, el ex consejero delegado, Ángel Cano, así como el antiguo miembro del comité de dirección, Ricardo Gómez Barredo, también habían sido citados para este jueves, pero su declaración se ha pospuesto hasta el día 11 de julio.
BBVA SE PONE LA VENDA
Ante eso, BBVA ha reconocido en varias ocasiones que la investigación podría tener efectos negativos sobre su reputación. Una de las últimas veces fue en un documento del pasado mes de mayo en el que el banco reconoce que podría verse afectado “por acciones que sean incompatibles con nuestras normas de ética y cumplimiento normativo, y por no haber detectado o solucionado oportunamente dichas acciones”.
En ese mismo documento, BBVA explica que aunque se han puesto en marcha medidas para investigar y mitigar posibles malas prácticas, el banco es susceptible del riesgo de que sus directivos “puedan involucrarse en actividades fraudulentas, corrupción o soborno, eludir o anular” los controles de la entidad.
En esa línea, el banco presidido por Carlos Torres insiste en que no puede asegurar que sus más de 125 mil empleados cumplan “en todo momento” los principios éticos.
