A poco que la pandemia da algo de tregua la realidad despierta sin contemplaciones a la economía española. El último quebradero de cabeza tiene que ver con la deuda pública, si bien no es producto de la propia crisis ni de una mala gestión, sino que tiene que ver con una recalificación contable.

No obstante, esta novedad tiene una importante influencia sobre las cuentas públicas españolas. Todo se origina a raíz del rescate financiero de 2012. El coste de aquello fue de unos 65.000 millones de euros que se inyectaron a las entidades, si bien hubo otro compromiso con el que cargó el gobierno de Mariano Rajoy: hacerse cargo de los activos improductivos.

Esa herencia no era otra cosa que 200.000 activos, en su mayoría procedentes del sector inmobiliario. Se creó la SAREB para ir colocando los inmuebles poco a poco, de manera que las pérdidas de valor no impactaran en los delicados balances de los bancos. El resultado es que esos activos han perdido valor con el tiempo y está siendo más difícil de lo previsto colocarlos, según reconocen fuentes gubernamentales.

Lo que sucede ahora es que Eurostat identifica que SAREB no deja de ser una entidad de carácter público que no deja de sumar pérdidas y, de ese modo, hay una parte de las cifras negativas que no computan para el cálculo de las cuentas públicas. Así que, a partir de ahora, lo que suceda en SAREB contará para calcular la deuda y el déficit, incluyendo 2020.

Según explican fuentes del Ministerio de Economía, esto tendrá un impacto destacado sobre las cuentas públicas. De momento, se anotarán los 35.000 millones de deuda que tiene SAREB a la deuda de las Administraciones Públicas. También el ratio de deuda sufrirá cambios. La primera previsión era que 2020 terminara con 118,8% de deuda con respecto al PIB. La evolución real determinó que la deuda se colocara en el 117,1% pero la suma de esos 35.000 millones lleva los pasivos de España hasta el 120%.

Según ha podido saber este medio, desde las instancias gubernamentales españolas se ha tratado de que ese impacto no afectar a las cuentas y se le diera un tratamiento estadístico diferente. La oficina estadística europea ha declinado las propuestas españolas dado el elevado montante de pérdidas que acumulaba la compañía que, hasta ahora, había tenido un tratamiento especial, como el de cualquier empresa privada sin serlo, de facto.

Sin embargo, esas mismas fuentes tratan de quitar hierro al asunto. Desde su punto de vista, la recalificación de SAREB a la hora de contar la deuda también facilita que se pueda considerar la cartera de activos. Es decir, la venta de los activos con los que cuenta SAREB puede llevar a reducir su deuda actual e incluso superar esas cifras. Cuando esos activos se vendan es posible que se pueda recuperar valor.

2027 fue el plazo que se fijó para liquidar la sociedad pero este cambio de circunstancias hace que tenga sentido reconsiderar si se extiende dicho plazo. En esa línea, el Gobierno podría considerar la posibilidad de que ese plazo puede permitir una mayor recuperación de los activos.