El acuerdo de negociación colectiva 2018-2020, que fue consensuado por los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) el pasado 25 de junio, tomará forma previsiblemente esa misma semana.

De este modo, ambas partes han adelantado a las agencias de noticias que la firma definitiva del pacto para la revalorización de los salarios se producirá el próximo jueves, 5 de julio, y a ella asistirán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Josep María Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi.

El texto que firmarán los representantes de los agentes sociales está siendo todavía aprobado por las partes. De este modo, la Junta Directiva de la CEOE dio su apoyo al preacuerdo por unanimidad al día siguiente de su publicación, el Consejo Confederal de CCOO hizo lo propio el pasado jueves 28 y sólo falta por recibir el respaldo definitivo de UGT, que está celebrando hasta mañana una consulta entre sus afiliados.

Alza salarial y reforma de los convenios

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) establece una subida de sueldo fija de en torno al 2% anual, más una parte variable del 1%, que estará vinculada a la productividad, los resultados empresariales o el absentismo injustificado, además de aplicar esta revalorización a todos los convenios colectivos que se firmen hasta 2020.

El acuerdo al que han llegado los sindicatos y la patronal estipula también que 2020 sea la fecha tope para elevar el salario mínimo por convenio a 1.000 euros mensuales en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 14.000 euros brutos anuales. Además, el pacto regula el establecimiento de cláusulas de revisión salarial por parte de las partes negociadoras en cada uno de los convenios y propone fomentar la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador.

Además, ambas partes han acordado pedir la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la subcontratación de obras y servicios, y han explicitado que la regularización de los procesos de descentralización "no debe incentivar la competencia desleal entre empresas ni deteriorar las condiciones de empleo". De este modo, buscan evitar que la externalización de actividades degenere en un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Patronales y sindicatos han propuesto adaptar la jornada laboral e incluir reducciones temporales para el mantenimiento del empleo, como alternativas al despido, favoreciendo que el trabajador no se vea perjudicado en su protección social ni en su retribución, que la empresa mantenga su plantilla y que se habiliten procesos de formación.

Respecto a la Formación Profesional, el acuerdo pide que se establezca un marco de diálogo para alcanzar un acuerdo en esta materia y se contribuya a proporcionar a los trabajadores las competencias, conocimientos y prácticas necesarias para mejorar su cualificación profesional.

Culminan así seis meses de negociaciones, después de que CCOO y UGT se retirasen de la negociación en julio de 2017 ante la negativa de CEOE y Cepyme a elevar los salarios entre un 1,8% y un 3%, como finalmente se ha pactado, para ajustarlos a la inflación, lo que provocó que no se ratificase el acuerdo de subida salarial en 2017. El cambio de Gobierno parece haber motivado los avances en la negociación, necesaria para evitar que decaigan varios convenios colectivos y para vehicular las negociaciones entre empresas y trabajadores.