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Multas para las pymes que no cuenten con factura digital

Luz verde para la Ley Crea y Crece con la que se pretende frenar el alto índice de morosidad existente en el tejido empresarial a la vez que impulsar a la creación de nuevas empresas y ayudar al crecimiento de otras de pequeño y mediano tamaño, a su vez, el segmento más afectado por la […]

Autónomos

Dirigentes Digital

05 jul 2022

Luz verde para la Ley Crea y Crece con la que se pretende frenar el alto índice de morosidad existente en el tejido empresarial a la vez que impulsar a la creación de nuevas empresas y ayudar al crecimiento de otras de pequeño y mediano tamaño, a su vez, el segmento más afectado por la cantidad de regulaciones y tributos a los que tienen que hacer frente. A falta de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos negocios contarán desde ese mismo momento con un plazo de dos años para implementar la factura digital en su actividad. De lo contrario, podrían verse penalizados con hasta 10.000 euros de multa por no contar con el dispositivo electrónico pertinente para la emisión de estos tickets.

Al igual que el nuevo decreto incluye la posibilidad de crear una empresa desde cero y a partir de 1 euro con el fin de agilizar la creación de la misma, incluso de manera telematizada, también endurece las medidas tomadas para frenar fraude fiscal y los impagos. Es el fin de este régimen sancionador que se venía pidiendo desde la Cámara con la implementación de la factura electrónica o el hecho de exigir un certificado de pago al subcontratista para así poder controlar el incumplimiento de pagos o que no pueda acceder a la contratación pública.

Se establece de este modo la obligación de expedir y remitir factura electrónica en cualquier relación comercial que se dé entre empresa y autónomo. Una medida acertada para impulsar la digitalización de los negocios de menor tamaño pero con una baza demasiado pesada que pone en jaque a la empresa privada. Las elevadas sanciones a las que se enfrentan de no poner en marcha la digitalización en sus emisiones de pago supondría al pequeño empresario y autónomo una costosa multa de hasta miles de euros.

El Digital Tooltik dentro del plan europeo de recuperación

Los fondos Next Generation inyectarán más de 3.000 millones de euros a diferentes programas y subvenciones que apoyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de para cumplir con la Agenda Digital 2025. Aprovechando la estela de estas ayudas europeas, se insta a las pymes a la adopción de la factura electrónica.

Veinticuatro meses por delante es el tiempo que el Gobierno considera oportuno para que pequeñas y medianas empresas instauren el conocido como Digital Tooltik en sus negocios de manera obligatoria. De este modo, el sector contará con más tiempo para implementar el nuevo sistema de facturación digital, puesto que se estima que pueda resultar más costoso para ellas el periodo de adaptación, antes de que se comience a imponer multas.

¿Una dificultad extra para las pymes?

Diferentes asociaciones como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) son las que han luchado para que el Digital Tooltik ofrezca a estas empresas algo más de tiempo, teniendo en cuenta que son muchos los casos en los que no se han completado el proceso de digitalización y esta medida tan solo estaría acelerando un proceso que para muchas compañías resultan demasiado.

Añadía además que el texto aprobado en el Congreso, no miraba por la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, encontrándose estas en un momento altamente delicado por los datos inflacionistas en una crisis económica histórica.

Para Cepyme la morosidad no es un aspecto que se haya trabajado trabajo en la Ley Crea y Crece. Para la organización profesional de pequeños y medianos empresarios no existe un firme propósito para luchar contra este mal que afecta a millones de negocios españoles.

Por otra parte, con la ley aprobada, toda pequeña y mediana empresa se verá obligada a auditarse, por lo que los trámites burocráticos aumentan y a su vez, el crecimiento de la actividad laboral, al contrario de lo que reza el nombre del derecho estatuario. La obligación de tener que demostrar que sus cuentas están al día, para poder acceder a las ayudas estatales, supondrá a su vez un coste extra en la economía de la empresa o autónomo.

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