El quid de la cuestión se remonta a 2012, pero la verdadera respuesta a la pregunta que se plantea en este artículo es más reciente. Baste decir que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) tenía como fin sanear los balances bancarios y liquidar los créditos e inmuebles que pusieron […]
Deuda
| 19 ene 2022
El quid de la cuestión se remonta a 2012, pero la verdadera respuesta a la pregunta que se plantea en este artículo es más reciente. Baste decir que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) tenía como fin sanear los balances bancarios y liquidar los créditos e inmuebles que pusieron en peligro la supervivencia de numerosas entidades financieras.
La titularidad de esa sociedad se dividió a partes casi iguales: el 54,1% pertenece a entidades privadas y el 45,9% restante lo posee el FROB, un organismo público. Conforme los años fueron pasando era más evidente que la nueva empresa de capital mixto no iba a conseguir recuperar el valor de aquelos inmuebles y créditos que integraron la sociedad.
De hecho, ha ido acumulando pérdidas año tras año, lo que obligó a reducir el capital social inicial a prácticamente una tercera parte para compensar. Así, de los 1.429 millones iniciales, la empresa está valorada ahora en 586 millones, dado que la parte restante (843 millones) se ha utilizado para compensar todas las pérdidas de los años anteriores.
La cuestión más reciente que ha hecho reaccionar al Gobierno tiene que ver con la contabilidad. En marzo del año pasado, la oficina de Estadística europea advirtió que los datos de SAREB se iban a tener en cuenta para la deuda de España porque se trata de una entidad de carácter público.
A nivel legal no es exactamente así porque la titularidad es mixta, como se ha dicho, pero Eurostat sumó igualmente 35.000 millones de euros a la deuda de España. En su momento, el Gobierno intentó negociar en Bruselas que la organización tuviera el tratamiento diferente del que había gozado hasta ahora: que fuera tratada como una empresa privada más.
Ante la negativa, el Gobierno responde con una ofensiva legal: si la empresa va a ser considerada como pública, el Estado debe controlarla. Este mismo martes aprobó durante el último Consejo de Ministros una modificación para que el Estado pueda aumentar su capital social hasta superar el 50%.
En ese sentido, en la Moncloa justifican esta modificación por la reclasificación de SAREB como "unidad perteneciente al sector de las administraciones públicas". Asimismo, se señala su situación patrimonial como una razón para adaptar su gobernanza. Se espera que este cambio ayude a agilizar su gestión, dado que el FROB podrá hacer y deshacer a su voluntad una vez que se consume como accionista mayoritario.
Para eso, el Estado tendrá que convencer al resto de accionistas para que les venda sus participaciones. Entre ellos se encuentran entidades como Banco Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%) y Banco Sabadell (6,61%), entre otros.
Según ha trascendido, la Administración Pública habría planteado una oferta simbólica de un euro para cada entidad por sus acciones, además de ciertos beneficios fiscales que tendrían que aclararse. Así, se cerraría parte del círculo que se inició cuando Luis de Guindos, responsable económico del Gobierno que impulsó la creación de SAREB, aclaró que el rescate a la banca no costaría ni un euro a los españoles.
Las cuentas de SAREB elevan la deuda pública de España al 120% del PIB
