El pasado viernes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se jactó ante la prensa de que su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 contenía el gasto social más elevado de la historia. Este miércoles se inicia la tramitación de la Ley en el Congreso de los Diputados con la […]
NacionalDirigentes Digital
| 11 oct 2021
El pasado viernes, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se jactó ante la prensa de que su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 contenía el gasto social más elevado de la historia.
Este miércoles se inicia la tramitación de la Ley en el Congreso de los Diputados con la entrega de la documentación por parte de la ministra. En principio, lo más sustancial se mantendrá en la ley que finalmente se apruebe, si bien para ello el Gobierno precisará los apoyos de, entre otros, sus “socios preferentes”, PNV y ERC, que votaron a favor en la investidura del Gobierno de coalición y también en los Presupuestos del año pasado.
A pesar de una previsible mejora de la economía española, el denominado gasto social representará el 60% de la factura de estos Presupuestos. Sin contar el coste de las prestaciones de desempleo, el porcentaje asciende al 50%, 225.934 millones de euros que se destinan a diferentes partidas que, desde el punto de vista económico, no tienen una función productiva.
Así, cabe destacar el aumento del coste de las pensiones, que en 2022 volverán a representar la mayor partida de los PGE de España, al rozar el 40% del total. Además, el próximo año incrementarán su coste un 4,8%, hasta la suma de 171.165 millones de euros.
El Gobierno destaca entre sus previsiones que esta cantidad irá a parar a más de 10 millones de beneficiarios, pero también hay otras prestaciones que llaman la atención entre esta lluvia pública de fondos. Las ayudas para la dependencia tienen en su punto de vista a más de 350.000 beneficiarios, mientras que el bono social térmico recaerá sobre 1,2 millones de hogares y, la protección a familias contra la pobreza infantil, tendrá a 2,2 millones de niños como beneficiarios.
Estas partidas tienen su reflejo en la tabla de gastos que presenta el Gobierno donde, como se ha dicho, destaca la partida de pensiones. Las llamadas “otras prestaciones económicas” tendrán un coste de 20.974 millones de euros, que supondrán el segundo mayor desembolso de este capítulo. Mientras, el fomento del empleo y los servicios sociales costarán 7 mil y 6 mil millones de euros, respectivamente.
Por su parte, la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno tendrá consecuencias sobre el desembolso público que habrá de hacerse. Así, el título denominado “Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación” incrementará su presupuesto un 46%, desde los 2.253 millones de euros hasta los 3.295 millones del próximo año.
Estas cifras se presentan en un contexto marcado por la expansión de la economía española un 6,5% y un 7% el año que viene. Eso se refleja en la caída del desempleo que se reducirá al 14,1% a finales de 2022. En consecuencia, el gasto para prestaciones por desempleo caerá desde los 25.012 millones de euros este 2021 hasta los 22.457 millones el año que viene, un 10,2% menos.
