A pesar de que ya van varios meses desde que se produjo la primera reunión entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo para reformar la legislación laboral, lo más probable es que aún queden unos cuantos meses más de negociaciones. La Unión Europea ha repetido asiduamente que la temporalidad en el mercado laboral español debe acabar, por lo que desde marzo se vienen reuniendo sindicatos, patronal y Gobierno para hacer caso a las recomendaciones comunitarias.

Por el momento, los avances son escasos. Hace apenas unos días, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, acusó al Ministerio de Trabajo de querer hacer una "contrarreforma laboral". En resumidas cuentas, el dirigente patronal dijo que las propuestas iniciales del Ministerio que encabeza Yolanda Díaz tienen "mucha ideología".

"Hay mucha ideología en los papeles que nos llegan, pero por supuesto que nos vamos a sentar en la mesa", comentó Garamendi. Con todo, insistió en que se trata de propuestas "intervencionistas" y que "generarían incertidumbre". En este sentido, las posturas de ambas partes parecen alejadas, en tanto que CEOE ve lejos el acuerdo: "No estamos diciendo que no se puedan mejorar las cosas pero tal y como se plantean, sinceramente, no lo vemos".

Ese punto de vista contrasta con el de Díaz, que la semana pasada intervino ante los periodistas para presentar los datos de paro registrado. Las cifras explican parte del optimismo que llevó a la vicepresidenta tercera a lanzarse a poner una fecha: 31 de diciembre. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social aspira a que haya "una norma publicada" antes del 31 de diciembre.

Preguntada por los comentarios de Garamendi, Díaz apunta que "forma parte de la lógica negociadora". Tras los numerosos acuerdos en el Diálogo Social, espera poder conseguir llegar de nuevo a un acuerdo, si bien esta materia es la más estructural que se ha abordado hasta ahora.

No se aflige por las críticas, al menos ante los periodistas: "Hemos recibido las propuestas y lo importante es que todos los agentes sociales saben que la contratación temporal es una anomalía en nuestro país", señala. Para Díaz, la principal meta es reducir la temporalidad, para lo que se tratará de limitar el impacto que tiene el "uso abusivo y fraudulento del contrato por obra y servicio", hasta el punto de que algunos medios apuntan que se quiere derogar esta modalidad de contrato.

De ese modo, las principales modalidades descansarían sobre el contrato fijo y el fijo discontinuo. Este último tipo de contrato permitiría absorber la temporalidad con la que cuenta gran parte del sistema productivo español, basado principalmente en los servicios y el turismo. Para la vicepresidenta tercera, "la flexibilidad no está reñida con que sean actividades de carácter temporal".

Por otro lado, se pretende poder amortiguar el impacto en el empleo de futuras crisis. Los ERTE han sido un ejemplo de cómo se puede evitar un aumento acusado del desempleo utilizando medidas de flexibilidad interna. Por ello, se quiere introducir una nueva medida que vaya en esa línea: "Ante una crisis hay que acompañar a las empresas y trabajadores con medidas de flexibilidad interna", señala Díaz.

Subida del Salario Mínimo

Otra de las materias pendientes en el Diálogo Social tiene que ver con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo abogan por subirlo, mientras que la patronal y la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Asuntos Económicos creen que sería prudente esperar a que la recuperación esté encarrilada.

No obstante, hace tan solo unas semanas que la comisión de expertos se pronunció acerca de este tema y expresó que se debería seguir subiendo hasta que alcance el 60% del salario medio. Díaz se encuentra en medio de un diálogo con el presidente del Gobierno para resolver la cuestión, pero apunta que la inflación está en aumento, por lo que deja entrever que no tiene intención de renunciar a una nueva subida del SMI.

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Las negociaciones en materia laboral siguen estancadas