La pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la invasión rusa de Ucrania han provocado una grave crisis económica que está poniendo a prueba la resiliencia de las economías de la Unión Europea. 

Tanto Bruselas como los Estados miembros han adoptado medidas rápidas y sin precedentes durante los dos años y medio transcurridos desde que el COVID-19 llegara al continente. En el ámbito fiscal, se han priorizado las ayudas a hogares y empresas para impulsar la recuperación económica. Pero la Unión Europea tiene objetivos más ambiciosos a largo plazo: adaptar la estructura fiscal comunitaria para que contribuya a la transición verde y digital.

A finales de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros concluyeron que el desafío de digitalizar la economía era una de las principales prioridades de política fiscal que deberán abordarse durante los próximos años. Además, en el último Informe Anual sobre Fiscalidad 2022, se concluye que el Pacto Verde Europeo implica la necesidad de alinear los sistemas fiscales nacionales con los objetivos climáticos de la UE.

La UE adapta la recaudación a la era digital

El proceso de adaptación de los sistemas fiscales de los Estados miembros para adaptarlos a la era digital ha comenzado. En junio de 2021, la Unión Europea aprobó una nueva normativa del IVA aplicado al e-commerce que obliga a las empresas tecnológicas que operan en terreno europeo a pagar impuestos en el país de venta de sus productos o servicios, en vez de en el país donde tengan su sede social o desde donde operen. 

Además, desde el 1 de julio de este año, se ha establecido una ventanilla única para la presentación de los impuestos, unificación de tributos entre los diferentes sistemas europeos y la eliminación de la exención del IVA en importaciones para los negocios que venden productos y servicios por internet tanto dentro como fuero de la Unión.

El uso de la fiscalidad para alcanzar los objetivos climáticos

En relación con el cambio climático, el Pacto Verde Europeo implica la necesidad de alinear los sistemas fiscales nacionales con los objetivos marcados por la UE en este ámbito. Bruselas pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050 y reducir al menos un 55% las emisiones de aquí a que termine la década.

Para ello, el club de los Veintisiete impulsó la reforma de la Directiva de Impuestos sobre la Energía (ETD) en el verano de 2021, un texto que data del año 2003 y que se ha quedado obsoleto. Europa busca garantizar que la tasa impuesta a los carburantes refleje el impacto de estos en el medio ambiente y en nuestra salud. Así, se busca reconfigurar los grupos existentes para que el tipo impositivo vaya acorde con el daño al medio ambiente de cada uno de los productos gravados. También incluye nuevos artículos, como el queroseno o el fueloil pesado (HFO), además de reducir el arco de exenciones y deducciones que aplican los Estados Miembros a los mismos.

Además, en julio de este año, la Comisión Europea presentó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). A través de esta iniciativa, Bruselas introducirá de manera progresiva un impuesto para las importaciones de carbono entre 2026 y 2035 y así evitar la denominada fuga de carbono, que se produce por la deslocalización de las empresas que no quieren cumplir con la normativa comunitaria.