Los economistas clásicos manejan diversas soluciones para hacer frente a las crisis. La primera tiene que ver con una devaluación de la moneda para que, si bien el país nota un mayor impacto a la hora de importar, su actividad interna resulta beneficiada del intercambio al ingresar más dinero en su propia moneda. Sin embargo, los países tienen menos poder en ese sentido, dado que esa potestad la delegan en organismos supranacionales, como es el Banco Central Europeo.

Otra posible respuesta es la inversión pública. La teoría keynesiana invita a los estados a participar de la economía como impulsor de la actividad en periodos de crisis para compensar la falta de acción de la parte privada. Esta solución requiere de unas cuentas públicas saneadas, algo de lo que la administración española carecía durante los inicios de la crisis, con una deuda pública cercana al 100% del PIB.

La tercera de las reacciones pasa por una mejora de la competitividad. Esto es, que se mejore la producción con los mismos costes o, en su defecto, que se reduzcan los costes para mantener una producción similar. Este último caso puede considerarse como una devaluación interna que, en esencia, produce un efecto similar al de la primera medida explicada en este artículo.

Esta es la opción por la que optó el Gobierno de Mariano Rajoy con la reforma laboral de 2012, tal y como analiza el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre España. Según el organismo, dicha reforma contribuyó a conseguir una "recuperación económica más rápida y sólida", gracias a la flexibilidad de los salarios que "ayudó a la economía española a recuperar la competitividad y a crear puestos de trabajo".

No obstante, esta medida, como las otras dos, tiene inconvenientes. Si la devaluación de la moneda genera un debilitamiento de la economía nacional a la hora de importar productos y la inversión pública tiene incidencia sobre las cuentas públicas y la deuda, el FMI explica que la reforma laboral tuvo efectos negativos sobre los sueldos y el modelo de trabajo.

En ese sentido, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva reconoce que la reforma incrementó el ritmo de crecimiento del empleo, tanto para los desempleados como para los jóvenes. A la vez, explica que la reforma introdujo con la flexibilización una mayor tendencia a jornadas laborales reducidas, es decir, una reducción de las horas trabajadas y un aumento del empleo a tiempo parcial involuntario. Además de la reforma, el FMI achaca este cambio a la transformación del modelo productivo, desde una economía basada en la construcción a una en la que priman los servicios, con un 18% de profesionales trabajando a tiempo parcial.

Aun así, este cambio en materia laboral ayudó a mejorar la distribución de ingresos, apoyado en el incremento del empleo. Asimismo, no se encuentran evidencias de que la tasa de población en riesgo de pobreza empeorara. Lo que sí concluye el FMI es que se ha producido un deterioro en el porcentaje de personas con empleo que se encuentran en riesgo de pobreza, ligado al trabajo parcial.

De todos modos, el organismo se encarga de señalar que, aunque el crecimiento del empleo ha sido destacado a partir de la reforma laboral, los datos en la materia siguen estando por debajo de la media europea. Mientras que el porcentaje de trabajadores en España alcanza el 62%, la media europea es del 71%. En cuanto a las tasas de pobreza, la población española en riesgo es del 22%, frente al 16% en Europa. Por último, la población trabajadora pobre asciende al 13%, frente al 7% de media en Europa.