“Los autónomos están asfixiados, ahogados y abandonados. Volvemos a lanzar un S.O.S desesperados”. Son palabras del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para salir al rescate de los trabajadores por cuenta propia. “Si el Gobierno piensa que con las ayudas de ERTE o cese de actividad se está ayudando a los autónomos, están en la inopia”, ha resaltado. 

Amor ha hecho estas declaraciones tras la presentación del VII Barómetro de Situación de los Autónomos, que arroja un panorama nada halagüeño para este colectivo. La segunda ola de contagios de la COVID-19 y, con ella, los cierres perimetrales y el aumento de las restricciones a nivel general en toda España abocan al cierre de muchos negocios. En concreto, alrededor del 10% de los trabajadores por cuenta propia se plantea colgar el cartel de cerrado, lo que en términos absolutos son 300.000 personas, mientras uno de cada tres baraja realizar ajustes de plantilla, que se traducen en 500.000 empleos menos. 

En la encuesta realizada a 2.130 personas entre el 23 y el 25 de octubre, el 6,5% de la muestra, cerca de 210.000 autónomos tienen su negocio o actividad paralizada en el momento actual. Algunos de ellos (4%) desde el pasado mes de marzo. En el lado opuesto, el 60,7% que ha abierto se encuentra funcionando a medio gas. Únicamente el 14,5% de los encuestados desde ATA expresa llevar a cabo su actividad con “total normalidad” y apenas un 3,7% asegura que su negocio va “mejor que antes de la pandemia”.

En este sentido, un “abrumador” 84% ha registrado reducciones de facturación en lo que va de año. Según los cálculos realizados por la organización, 1,9 millones de autónomos han experimentado caídas de actividad superiores al 60%. A esto hay que añadir el problema de la morosidad que afecta a uno de cada tres autónomos, tanto por entidades públicas como privadas. “Se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas”, subraya Amor.

En este contexto, un 10,7% afirma haber solicitado el cese de actividad extraordinario que entró en vigor el pasado 1 de octubre, frente a un 80,7% que no lo ha hecho y un 8,6% que ha decidido no responder a la pregunta. Pese a ello, existe amplio consenso en contar con cese de actividad, tanto ordinario como extraordinario. “La necesidad de poner en marcha estas prestaciones se hace evidente al ver las respuestas del colectivo”, remarcan desde la organización. 

Hasta la fecha, un 43,3% ha recurrido a la financiación para obtener liquidez en los últimos meses, de los cuales, a un 12,2% le ha sido denegada. De los que todavía no han recurrido a esta vía, más de un 13% sopesa pedirla en breve. 

De manera paralela, los autónomos con asalariados a su cargo se dividen entre aquellos que han solicitado un ERTE para sus trabajadores o tiene previsto recurrir a ellos (42,9%), los que siguen con toda la plantilla (42,2%) o los que se han visto obligados a despedir (16,5%). En cualquier caso, la gran mayoría ve “fundamental” mantenerlos para la viabilidad de su negocio.

De los que han optado por la nueva herramienta de suspensión temporal de empleo, seis de cada diez han reincorporado a todo el personal o parte de ellos. No obstante, el problema radica en si van a poder mantener a todos sus empleados, algo que parece cada vez más complicado. A esto hay que añadir el inconveniente de que, en caso de tener que prescindir de la mano de obra, más de la mitad de los autónomos no disponen de dinero suficiente para hacer frente a las indemnizaciones por despido. 

En línea con las ediciones anteriores, los autónomos siguen suspendiendo las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto en la economía de la crisis sanitaria. La nota positiva es que sube con respecto a la primera edición, cuando otorgaron 2,7 puntos a las acciones impulsadas por las Administraciones públicas. La nota más alta ha sido un 3,8 en el barómetro de julio.

Frente a esta situación, además de la reducción de las trabas administrativas o el desarrollo de ayudas para volver a emprender, el pulmón del tejido empresarial español pide aprobar reducciones a las cotizaciones de la Seguridad Social ligadas con la caída de la actividad en un mínimo del 50%, el restablecimiento del cese de actividad extraordinario para paliar las consecuencias económicas de las medidas sanitarias adoptadas en las zonas en las que se declaren nuevos brotes, fomentar reducciones fiscales, además de prorrogar los ERTE hasta abril de 2021. “Necesitamos medidas que vengan a impulsar la actividad”, ha sentenciado Amor. 

La confianza en una pronta recuperación ha pasado de ser algo poco probable a una quimera. Casi la mitad de los encuestados considera que tardarán más de 24 meses en volver a los niveles pre-COVID-19. Tan solo el 2,9% tiene la esperanza de remontar en los próximos seis meses.