El mercado de comercialización en España presenta, en términos medios, una concentración inferior a la media europea, tanto en el segmento doméstico como en el industrial, y se caracteriza por tener un elevado número de agentes en comparación con otros mercados europeos. Es uno de los datos que aporta el informe ‘La actividad de comercialización de energía eléctrica en España’, elaborado por Deloitte y publicado por Fundación Naturgy.

El estudio, que recoge datos del periodo 2011-2019, sostiene que la actividad de comercialización en España se caracteriza por una elevada competencia, mayor que en otros países de su entorno como Francia Italia o Portugal.  

Del análisis económico realizado, se constata que el 95% de la facturación de las comercializadoras eléctricas se destina a cubrir costes del sistema. “La mayor parte de los costes que asume un consumidor en su tarifa está fuera del alcance de la gestión de la comercializadora (peajes, impuestos, etc.)”, según el informe.

El 5% restante de la factura del cliente se destina al coste asociado a la energía y “estos son los recursos de los que disponen las compañías de comercialización para hacer frente a sus costes operativos”. En el caso de las comercializadoras de referencia que suministran a tarifas prefijadas a los clientes en el mercado no liberalizado, estos ingresos no son suficientes para cubrir sus costes operativos”.

Los autores sostienen que, al ejercer de “agentes recaudadores del sector eléctrico, los problemas de viabilidad de las comercializadoras “pueden suponer un riesgo para la estabilidad del sistema en su conjunto”.

En esta línea, el informe mantiene que “los cambios regulatorios (modificaciones fiscales, estructura de tarifas, modificaciones de la factura, …) afectan a la actividad de comercialización de energía eléctrica, tanto desde el punto de vista de la gestión de los mismos, como de los resultados”.

Deloitte también destaca la importancia de los sistemas de gestión de las comercializadoras, que incluyen procesos tan relevantes como la facturación y el switching, o aspectos imprescindibles como la ciberseguridad. Todo ello requiere de importantes inversiones, por lo que “una estructura financiera solvente y una adecuada capacidad para gestionar los riesgos de la actividad de comercialización es esencial para garantizar el equilibrio patrimonial a largo plazo de las compañías, y para que puedan cumplir con los compromisos con sus clientes y con el sector en su conjunto”.