Las pymes y autónomos españoles están a la espera de que el fondo de ayudas directas a empresas se materialice. Aunque todavía faltan semanas para que salga adelante, el anuncio llega como una tabla de salvación para muchos negocios, tras un año de actividad paralizada o a medio gas. 

En conjunto, se ha aprobado un paquete valorado en 7.000 millones de euros, de los cuales, 2.000 millones irán destinados a Canarias y Baleares, al tratarse de las comunidades más afectadas por las restricciones. El montante restante será transferido a las comunidades autónomas y serán estas las encargadas de su gestión. Para su reparto, el Ejecutivo ha avanzado que se regirán por las mismas pautas establecidas para el fondo ‘React-EU’, que contempla parámetros como la repercusión de la pandemia en el nivel de riqueza regional, así como en la tasa de desempleo, con datos actualizados a diciembre de 2020. 

Frente a esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha publicado un documento en el que “insta” a otorgar de manera proporcional en función del número de trabajadores por cuenta propia que desarrolla su actividad en cada territorio. “Esta sería la fórmula más justa y equitativa para la realización del reparto y la transferencia de los fondos del paquete de medidas económicas publicadas el pasado 13 de marzo, en el RDL 5/2021”, precisan desde la organización, al tiempo que piden al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, encabezado por Nadia Calviño, tener en cuenta el peso específico de los autónomos en la economía real de los pueblos y ciudades. 

De seguir este parámetro, el 50% del citado importe se concentraría en Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid, que recibirían un 18,04%, 18% y un 13,39%, respectivamente. A esta terna le seguirían Comunidad Valenciana con el 11,57%, Galicia (6,81%) y Castilla y León (6,21%). 

En un segundo plano se situarían País Vasco (5,54%), Castilla-La Mancha (4,88%), Aragón (3,27%), Región de Murcia (3,34%), Extremadura (2,61%) y Principado de Asturias (2,36%). En último lugar se encuentran la Comunidad Foral de Navarra (1,55%), Cantabria (1,34%) y La Rioja (0,83%), mientras que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla alcanzaría el 0,11% en la primera y 0,15% la segunda. “La situación de asfixia que están atravesando la mayor parte de los autónomos hace que sea imprescindible para la durabilidad de las actividades económicas, y de esta forma, poder preservar la mayoría de los puestos de trabajo tanto por cuenta propia como ajena”, remarcan. 

A la espera de que el Gobierno active esta bomba de liquidez en un plazo máximo de 40 días, a contar desde el momento del anuncio (el pasado 12 de marzo), el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla casi cien actividades económicas que podrán acogerse al citado plan de rescate. Sin embargo, esta condición en sí misma no es suficiente. Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre el que destaca haber experimentado una caída de la facturación superior al 30% con respecto al ejercicio 2019. En todo caso, la cuantía recibida cubrirá como máximo el 40% del desplome generado a raíz de la crisis sanitaria en las micropymes, esto es, aquellas con menos de diez empleados, y hasta un 20% para el resto de las compañías. 

El diseño del programa busca evitar que el sobrendeudamiento de las empresas perjudique la reactivación de la economía, motivo por el que contempla ayudas para hacer frente a los gastos fijos, además de pagos a proveedores y acreedores.