La segunda ola de coronavirus en España asfixia a las pymes. Las sucesivas medidas de contención y restricciones impuestas de manera paulatina por todo el territorio nacional están perjudicando “más si cabe” su actividad para terminar de rematarlas. Según se desprende del último Barómetro de Opinión elaborado por la Confederación Española de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) la mitad de estas compañías ve amenazada su supervivencia por los efectos de la pandemia en la economía. Por el momento, un 5% ha bajado la persiana definitivamente o prevé hacerlo.  

De una muestra de 1.300 compañías, las expectativas del tejido patrio de cara a los próximos doce meses son malas (51,5%) o muy malas (14,23%) alentadas por el agravamiento de los rebrotes. Tan solo un 7,5% encara con optimismo el siguiente ejercicio. “Los datos del barómetro que hemos presentado indican la gravísima situación por la que sigue atravesando la pequeña y mediana empresa española”, advierte el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva.  

Siete meses después del inicio de la propagación de la COVID-19 en España, un 92% de los consultantes valoran la situación económica actual de manera negativa. Esta percepción se ve alimentada por el hecho de que prácticamente la mayoría (91,63%) ha experimentado una reducción de los ingresos, llegando a ser superior al 50% en casi cuatro de cada diez compañías encuestadas.  

Entre las razones, el principal motivo que arguyen es la ausencia de demanda (74,08%), así como el cierre o la reducción de la actividad por obligación legal (42,29%), cifras que, a juicio de Cepyme, ponen de manifiesto “el gran impacto que continúan teniendo las restricciones a la actividad”, además del impacto del SARS-CoV-2 en el consumo. Aunque en menor medida, también hay que añadir la falta de suministros, citada por el 6,09%.  

En este escenario, la mitad de las pymes ha llevado a cabo algún ajuste de plantilla y el 52% prevé que el número de trabajadores disminuirá a causa de la situación actual. Hasta septiembre, un 43% de las pequeñas y medianas organizaciones habían puesto en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o lo hará próximamente. Sin embargo, lo más significativo es que un 52,8% no se ve capaz de poder mantener a sus empleados dentro de seis meses. Esta respuesta se encuentra relacionada con el hecho de que al ser preguntados por las obligaciones de pagos que más les preocupan, sueldos y salarios (63,26%), seguido de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social (62,42%) copan los primeros puestos. Los préstamos financieros (35,44%) y los arrendamientos inmobiliarios (19,44%) también quitan el sueño a los dirigentes de estas empresas. 

En cuanto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para ayudar a esta parte del tejido empresarial tras la COVID-19, un 29,32% las valora muy negativamente y un 35% negativamente. Tan solo una décima parte las califica de manera positiva. En este sentido, la línea de avales de préstamos ICO, los ERTE y el aplazamiento del pago de impuestos a interés bonificado son las que mejor acogida han tenido entre las empresas.

No obstante, a ellos les gustaría la puesta en marcha de otras iniciativas tales como la reducción del gasto público y la transformación de las administraciones públicas, ayudas económicas directas a pymes procedentes de los sectores más afectados, la ampliación de los ERTE hasta junio de 2021, la reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social y de los impuestos, así como el pago “inmediato” de las deudas que el conjunto de las administraciones (Estado, CCAA y ayuntamientos) tienen con empresas y autónomos.