Una vez que se alcanza la cima, solo queda bajar. Y siguiendo esta senda, las perspectivas de los autónomos se mantienen relativamente altas, pero descienden de cara a la segunda mitad del año. Si en diciembre de 2017 un 68,1% de los trabajadores por cuenta propia consideraba que la recuperación económica era un hecho, la última encuesta -realizada por ATA entre el 15 y el 29 de junio de 2018- muestra una reducción de más de diez puntos porcentuales, hasta el 57,4%.

Pese a esta bajada, los 1.626 personas encuestados, perciben que la economía mantendrá la tendencia de los últimos años, con un aumento de la creación de nuevas empresas y autónomos ligado, a su vez, a un descenso de la cifra de paro.

Al ser preguntados por las previsiones de su propio negocio, ocho de cada diez se muestran confiados en que no empeorará e incluso un 33,5% espera que su proyecto mejore entre julio y diciembre de este año, frente al 35,6% que lo hacía seis meses antes. Cabe destacar que junio cerró con un total de 68.880 autónomos más inscritos en el RETA, el "mejor" crecimiento de la historia desde que hay registros.

Únicamente el 13,9% de los autónomos encuestados por ATA se muestra poco esperanzado en cuanto a la mejoría de su actividad, ya que considera que empeorará a lo largo de 2018.

En lo que respecta a la situación del negocio, el 25,6% de los autónomos asegura que el primer trimestre de 2018 ha sido un año "complicado" a causa de la caída de las ventas y la pérdida de actividad, así como los impagos de los clientes. Precisamente esta última es uno de los principales quebraderos de cabeza para este colectivo. Si bien desde la asociación aseguran que éste ha disminuido desde 2015 cuando era del 60%, el número de afectados por la morosidad se sitúa en el 41,7% en el momento actual, una cifra "elevadísima", según ATA.

En este sentido, el 29,5% que sufre morosidad tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas y un 36,7% de los que la sufren tardan entre 60 y 90 días, llegando en ocasiones, a los 180 días

En este sentido, de todas las medidas que recoge la nueva Ley de autónomos aprobada por el anterior Gobierno, la relativa a la morosidad y la necesidad de establecer un régimen sancionador a las empresas y administraciones públicas que no cumplen con los plazos establecidos es una de las iniciativas mejor valoradas por los trabajadores por cuenta propia.

Llama la atención el descenso experimentado en el porcentaje de emprendedores que manifiesta mantener la plantilla, el cual ha bajado del 72,5% registrado a finales de 2017 al 59,2% de ahora. El resto prevé prescindir de algún empleado o no quiere manifestarse ante esta cuestión.