La vuelta a la "nueva normalidad" también ha traído modificaciones para los autónomos. La extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta finales de septiembre ha ido acompañada de cambios que afectan al trabajador por cuenta propia. En la reunión mantenida entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado jueves, 25 de junio, también se consiguió alargar la prestación por cese de actividad otros tres meses más.

Este colectivo ha sido uno de los más castigados durante el confinamiento. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), prevén que cerca de 300.000 trabajadores autónomos (alrededor del 10% del total) se verán abocados a echar el cierre, en un año marcado por la reducción de la facturación. En concreto, nueve de cada diez contabilizarán bajadas de ingresos en comparación con otros ejercicios, con descensos que pueden llegar al 40% en algunos casos.

En este contexto, desde ATA han valorado la decisión como "un gran paso" para los casi 1,5 millones de personas que se benefician de este 'paro de los autónomos' a causa de la pandemia. En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que todos aquellos beneficiarios de esta ayuda no tendrán que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social en el mes de julio, tal y como se ha hecho hasta la fecha, mientras que en agosto y septiembre la exención en la cuota será del 50% y del 25%, respectivamente.

Sin embargo, para poder beneficiarse de ella, deberán declarar una reducción en el volumen de negocio en el tercer trimestre superior al 75% con respecto al mismo periodo de 2019, además de contabilizar unos rendimientos netos del trabajo inferiores a 5.818,75 euros entre julio y septiembre. Se trata de una prestación ordinaria compatible con el desempeño de su actividad, a la que se puede renunciar en cualquier momento si aprecian una recuperación de su volumen de negocio. "Muchos autónomos aún no han podido abrir sus actividades y sus negocios y están pasando por grandes dificultades", ha remarcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Autónomos de temporada

Se estima que cerca de 1,5 millones de personas han podido acceder a la prestación desde el comienzo del estado de alarma. Cifra que no incluye a los denominados autónomos fijos discontinuos, esto es, profesionales por cuenta propia que realizan una actividad de temporada como, por ejemplo, los feriantes. Dadas las características de su actividad, no estaban dados de alta en la Seguridad Social el pasado 14 de marzo, situación que les dejó fuera de cualquier tipo de ayuda. "Son autónomos que trabajan habitualmente seis meses al año y que habían quedado desprotegidos", ha remarcado Amor. 

Sin embargo, esto ha cambiado a raíz del citado encuentro para este tipo de trabajadores que, "como consecuencia de las especiales circunstancias que la pandemia ha provocado, se han visto imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad". Así, con una duración máxima de cuatro meses, con efectos devengados desde el 1 de junio, podrán recibir esta prestación extraordinaria, equivalente al 70% de la base reguladora, además de estar exonerados del pago de las cuotas. 

Entre los requisitos para beneficiarse de ella figuran haber estado dado de alta cinco meses al año como mínimo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar entre marzo y octubre en los últimos dos ejercicios. De lo contrario, no tendrán acceso a ella.

Asimismo, también es condición necesaria no haber trabajado por cuenta ajena más de 120 días entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 de marzo de 2020, ni haber desarrollado cualquier tipo de actividad entre marzo y junio de este año. Si el sujeto hubiera recibido una prestación por parte de la Seguridad Social, esta solo puede ser compatible con la actividad que realiza como trabajador por cuenta propia.

Por último, los ingresos obtenidos este año no deben superar el umbral de 23.275 euros, así como estar al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. En caso de no ser así, el interesado cuenta con treinta días naturales para hacer el ingreso de las deudas.

Según consta en el documento oficial, se comenzarán a revisar todas las resoluciones aceptadas a partir del 31 de 2021, en base a los datos tributarios correspondientes al segundo semestre del autónomo.

Si la solicitud para cobrarla se presenta en los primeros quince días de julio, comenzará a devengarse con efectos de 1 de junio. De no ser así, "los efectos quedan fijados al día siguiente" en el que sea presentada.

Desde el pasado mes de marzo, asociaciones como ATA y UPTA venían reclamando esta medida que afecta a 70.000 personas en España, al vivir "exclusivamente" de lo que facturan en la temporada de verano. "Con esto, hemos solucionado gran parte de los problemas que tenían los trabajadores autónomos y, a partir de septiembre, acometeremos las nuevas reformas que se tengan que dar, según vaya desenvolviéndose la economía de nuestro país", ha sentenciado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.