Desde el inicio de la nueva normalidad, la posibilidad de rebrotes -tal y como ha ocurrido en determinadas zonas de España- siempre ha estado sobre la mesa. Cinco semanas después de finalizar el estado de alarma, la cantidad de brotes activos supera los 220, por lo que algunas regiones han optado por retroceder a la […]
AutónomosDirigentes Digital
| 23 jul 2020
Desde el inicio de la nueva normalidad, la posibilidad de rebrotes -tal y como ha ocurrido en determinadas zonas de España- siempre ha estado sobre la mesa. Cinco semanas después de finalizar el estado de alarma, la cantidad de brotes activos supera los 220, por lo que algunas regiones han optado por retroceder a la fase II e, incluso, fase I.
Este retorno se produce en un contexto marcado por la difícil situación económica, con los pequeños empresarios en la diana y a quienes tener que volver a retirar el cartel de abierto por las circunstancias supondría bajar la persiana de manera definitiva. Una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) entre el 14 y el 18 de julio arroja que siete de cada diez no podrían resistir un segundo confinamiento. En concreto, de la citada cantidad, el 55% asegura que se vería abocado a cerrar (16,9%) o posiblemente lo haría (38,2%), mientras que un 15,7% de las organizaciones tendría que reducir el tamaño de la empresa para poder continuar.
Las pymes y trabajadores por cuenta propia encaran la incertidumbre desde una posición poco alentadora, con caídas de la facturación para la gran mayoría, salvo excepciones. De hecho, remarcan que un 11,1% de aquellos cuyo volumen de negocio se ha reducido, no están ingresando nada. A esto hay que añadir otros obstáculos como la morosidad. Desde ATA critican que se trata de uno de los “principales problemas” a enfrentar por parte de este colectivo. De una muestra realizada a 1.987 personas, más de un tercio (33,7%) ha reconocido sufrirla y procede, principalmente, de entidades privadas de las que esperan el abono de las facturas por trabajos ya realizados.
Cabe destacar que un porcentaje significativo de encuestados ha dejado de percibir la prestación por cese de actividad, mientras que casi un 40% tiene exoneradas las cuotas. Al ser preguntados por la solicitud de financiación, el escenario es muy diversificado. Frente al 33,1% que no ha necesitado solicitar financiación, se encuentran aquellos a quienes se les ha concedido sin problemas (24,3%), quienes han recibido menos de lo que necesitan (5,7%), los que se lo han denegado (16,7%) o todavía no les han respondido (6%).
Al margen destacan los ERTEs, que se han convertido en la principal herramienta de las empresas para combatir la crisis en sus diferentes modalidades como reducción de jornada o de plantilla. Si bien una parte significativa de los autónomos empleadores ha recuperado a toda su plantilla (48,2%) o al menos alguno de sus integrantes (23,9%), otros manifiestan no saber si podrán dar de alta alguno de sus trabajadores (13,1%).
Respecto a las perspectivas, el sondeo no invita al optimismo. Casi nueve de cada diez estiman bajadas en el volumen de negocio para este año y no incluyen la palabra recuperación en su hoja de ruta al menos, hasta el verano que viene. Pese a ello, más de la mitad de los autónomos empleadores son positivos en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo y confían en mantenerla.
Por último, en línea con la tónica de los anteriores barómetros, los autónomos no aprueban las medidas lanzadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la COVID-19 en la economía, con una nota media de 3,81 puntos. Esta cifra es medio punto superior a la primera impresión, en la que obtuvo 2,87 sobre un total de 10 puntos y que desde ATA remarcan “que sigue siendo un suspenso”. Solamente un cuarto de los entrevistados le otorgan más de cinco puntos de calificación.