Las comercializadoras independientes de electricidad y gas englobadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) -a la que pertenece Feníe Energía- han trasladado al Gobierno la difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica, destinadas a paliar las consecuencias de la crisis […]
Las empresas hablanDirigentes Digital
| 07 dic 2022
Las comercializadoras independientes de electricidad y gas englobadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) -a la que pertenece Feníe Energía- han trasladado al Gobierno la difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica, destinadas a paliar las consecuencias de la crisis energética. Unas medidas que están teniendo como consecuencia el grave deterioro del sector y que amenazan con asfixiar la libre competencia que sustentan las comercializadoras independientes.
Una delegación de ACIE encabezada por su presidente, Asier Gorostiza, se reunió el pasado miércoles con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, para hacerle llegar la situación límite en la que se encuentran muchas de las comercializadoras independientes, así como para reclamar la necesidad de acometer modificaciones urgentes en la legislación en vigor, que eviten que la competencia en los mercados eléctrico y gasista haya desaparecido cuando termine la crisis energética actual.
Las comercializadoras independientes han hecho hincapié también en la necesidad de que se convoquen ya las subastas de energía eléctrica inframarginal (la producida por las tecnologías más baratas) previstas en el Real Decreto-Ley 17/2021, que contribuirían a paliar la grave situación y que, sin embargo, no se están celebrando.
Entre las preocupaciones más urgentes de ACIE también está la situación a la que se aboca a las comercializadoras de gas natural tras la última intervención sobre la tarifa de último recurso “TUR”, que establece un precio final a los consumidores por debajo de aquel al que las compañías compran el gas en el mercado mayorista, lo que expulsa del mercado a todas las empresas que no son comercializadoras de último recurso.
Desde ACIE se insta al Gobierno a que las medidas de intervención para reducir el precio de la factura de gas apliquen a todos los clientes, no solamente a aquellos que adquieran el gas a la tarifa regulada TUR, ya sea a través de subvenciones directas o a bajadas de los peajes y cargos.
Desde la Secretaría de Estado se han comprometido a revisar con detalle las tres principales propuestas de las comercializadoras, en concreto el estado de las subastas inframarginales, una posible ayuda a los clientes de gas en tarifa libre y la posibilidad de que la energía inframarginal exenta de minoración -vendida a precios inferiores a 67€/MWh- solo sea aplicada por las empresas eléctricas dominantes a clientes en cartera, no para captar nuevos consumidores.
La crisis energética está teniendo graves consecuencias no solamente en los precios que pagan consumidores y empresas en sus recibos de luz y gas, sino también en el propio sector, que vive un momento muy difícil y que podría desembocar a corto plazo en la creación de consumidores “de primera”, con buenos precios energéticos, y “de segunda”, que no podrán evitar tener que hacer frente a precios incluso mucho más más altos que los que sufren ahora.
Por si esto fuera poco, las posiciones de fuerza de las grandes empresas dominantes del sector eléctrico están conduciendo a un deterioro de la libre competencia sostenida por las comercializadoras independientes, así como la consiguiente pérdida de la libertad de elección de los consumidores a largo plazo.
Estas razones han llevado a ACIE a promover recientemente dos manifiestos respaldados por más de 50 asociaciones empresariales, que denuncian la situación y avanzan potenciales soluciones para elsector de la energía. Los manifiestos, entregados a la Secretaría de Estado, tratan también de concienciar a los consumidores sobre los riesgos que supondría la desaparición de la competencia en el mercado energético. Un retroceso inaceptable en la liberalización del mercado y en su capacidad de elección.
Uno de los más graves problemas que se denuncia es el injustificado incumplimiento del Real Decreto-Ley 17/2021 que prevé que un 25% de la electricidad producida por tecnologías baratas, como la nuclear o las renovables, deba ofrecerse obligatoriamente a través de mecanismos de mercado (subastas). Esta Ley no se está aplicando, pese a que estaba prevista su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Ante la amenaza de esta obligación, los grupos dominantes del sector eléctrico han tratado de esquivar la ley mediante contratos bilaterales con sus propias comercializadoras, sustrayendo la energía más económica del mercado, lo que supone que, para el resto de los consumidores, domésticos y más pequeños, solo quedaría disponible la energía más cara, creándose así clientes “de primera” y “de segunda”.
Además, dichas empresas eléctricas dominantes aprovechan esta energía barata, que la normativa puesta en marcha por el Gobierno permite eximir de la minoración de su retribución, para captar nuevos clientes del mercado libre a precios incluso por debajo de los precios del mercado mayorista, mientras aplican los precios altos a las renovaciones de clientes previos.
