CEOE considera fundamental reajustar el avance de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación durante el proceso de negociación de la Adenda aprobada por el Gobierno, el pasado mes de junio, para dar un mayor protagonismo al sector privado y a la gestión autonómica de cara a la recepción de los más de 94.000 […]
Las empresas hablanDirigentes Digital
| 22 sep 2023
CEOE considera fundamental reajustar el avance de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación durante el proceso de negociación de la Adenda aprobada por el Gobierno, el pasado mes de junio, para dar un mayor protagonismo al sector privado y a la gestión autonómica de cara a la recepción de los más de 94.000 millones de euros adicionales previstos para la segunda parte del Plan.
Así se recoge en el quinto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión y su impacto en la economía.
El documento concluye que España se sitúa entre los países con una mayor ejecución de los fondos de acuerdo con el calendario europeo. Hasta la fecha, España ha recibido 37.036 millones de euros en concepto de subvenciones del total de los 160.000 millones de euros a los que asciende el Plan de Recuperación, tras el tercer desembolso aprobado por la Comisión Europea.
Todo ello responde al cumplimiento de los hitos y objetivos diseñados en el Plan, donde hasta la fecha ha habido un mayor peso de las reformas, y a un ritmo creciente de publicación de grandes convocatorias.
En un año llamado a consolidar la adjudicación de los fondos y su ejecución, y tras la presentación de la Adenda a la Comisión Europea, el Gobierno debe ahora solicitar el cuarto desembolso, por valor de 10.000 millones de euros.
A cierre de mayo (últimos datos oficiales presentados por el Gobierno), se habían adjudicado fondos por valor de 27.300 millones de euros, de los que 13.000 millones han tenido a empresas como beneficiario directo.
Con el aumento en el ritmo de resolución de convocatorias en instrumentos clave del sector privado (PERTE, convocatorias nacionales) y los nuevos fondos contemplados en la Adenda, CEOE ve necesario un rediseño de las grandes líneas de proyectos del Plan de Recuperación, una mayor implicación del sector financiero en la canalización de los préstamos y una mayor flexibilización y gestión autonómica para cumplir con los plazos europeos. Para ello, España debe aumentar su capacidad de absorción para garantizar un impacto transformador del Plan.
Por esta razón, y para hacer frente a los retos que va a suponer canalizar los fondos de la segunda fase del Plan (incluidos 84.000 millones de euros en préstamos), el informe considera que habría que reforzar la figura del PERTE como el instrumento clave para la colaboración y negociación público-privada.
Además, las empresas (grandes, pymes y autónomos) necesitan una mayor flexibilidad en el acceso y en los plazos de presentación a las convocatorias, lo que exige un refuerzo del sector público y el sector financiero para poder eliminar burocracia y reforzar la agilidad administrativa.
En este sentido, el documento defiende una mayor coordinación con las CC AA para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial, diseñando cuestiones prioritarias, como las condiciones de concesión de los préstamos de la Adenda.
Igualmente, y en línea con lo manifestado por organismos competentes a nivel europeo, sería deseable un mayor nivel de información agregada respecto a la ejecución del Plan, especialmente en lo referente a la resolución de las grandes líneas y de los principales destinatarios y beneficiarios del Plan.
El periodo de evaluación de la Adenda por parte de las autoridades europeas abre la puerta a un proceso de negociación que debe ser clave para poder reajustar el avance de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
De este modo, el proyecto de Adenda debe concretar diversas cuestiones relevantes para la canalización de los fondos, como el papel y condiciones de las entidades financieras o la fijación de un calendario con los plazos de los nuevos fondos y los compromisos asumidos para recibir los desembolsos correspondientes.
De esta manera, se garantizará la descentralización de las grandes ayudas, facilitando que puedan tener acceso a ellas las PYMES de ámbito regional.
Para ello, es imprescindible definir los sectores y capacidades clave a nivel territorial para impulsar la autonomía estratégica de España en áreas como energía, agroalimentación, industria, tecnología o digitalización, con especial atención a la ciberseguridad.
La reciente flexibilización del Marco Temporal de Crisis y Transición, que se aplicará hasta finales de año, favorece el apoyo en sectores clave para la transición ecológica, con la oportunidad de reajustar los plazos de cumplimiento de ciertos hitos y objetivos en el marco de ese proceso de negociación de la Adenda.
Por tanto, la renegociación de cara a la segunda fase del Plan de Recuperación es una oportunidad clara para concretar y rediseñar líneas de inversión existentes, así como programas específicos, su ámbito de actuación, alcance y enfoque.
En este sentido, cuestiones como la incorporación de bonificaciones fiscales o el establecimiento de moratorias y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social y a Hacienda serviría para garantizar la liquidez, financiación y la solvencia para las PYMES españolas.
Por último, y en relación con los Proyectos Importantes de Interés Común (IPCEI), cuyos plazos de ejecución se extienden hasta 2031, el informe recoge la necesidad de que se refuerce el avance en este campo y se le dé un impulso como objetivo principal para este año de forma que se fortalezca la autonomía estratégica de España a nivel europeo. Los IPCEI son un potente instrumento transnacional que refuerza la colaboración público-privada.
El quinto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE incluye también un análisis monográfico de los fondos destinados a recursos hídricos en España.
