La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha firmado su segundo convenio con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para continuar con la identificación y reducción de cargas administrativas en la creación de empresas de economía social y el desarrollo de su actividad.

Para lograr este fin, CEPES, a través de sus socios y de las estructuras territoriales asociadas a los mismos, empezó a colaborar en 2022 con la Administración General del Estado en esta materia. Con el objetivo de seguir avanzando en esta línea de trabajo colaborativo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la patronal de la economía social han formalizado un nuevo convenio bienal que dota de una mayor estabilidad a la política de reducción de cargas.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, valora positivamente este convenio y la ampliación de la vigencia del mismo, “ya que es reflejo de la complicidad generada con el Ministerio de Hacienda y Función Pública”. “Consideramos que estamos ante un gran avance para la economía social, puesto que este nuevo convenio nos va a permitir trabajar de manera sistémica en aquellos trámites administrativos que pueden contribuir a la mejora y desarrollo de la economía social española", añade.

Tal y como se recoge en el documento, publicado el pasado sábado en el BOE, el convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y, a través de éste, CEPES ayudará a identificar los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas que pesan sobre la creación de empresas de economía social o el desarrollo de su actividad, sugerirá cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, y realizará acciones divulgativas al respecto entre el colectivo empresarial. Además, las propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarán, normativa a modificar y órgano competente. En este ejercicio, se prevé que en esta iniciativa participen 12 socios directos de CEPES, con un total de 40 profesionales implicados, vinculados a estructuras representativas de carácter territorial y a empresas asociadas en 10 Comunidades Autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja, Cataluña y Castilla y León).

Así, se prestará especial atención a los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora de la economía social, con el análisis de trabas vinculadas a la creación rápida y ágil de estas empresas, a las transformaciones de empresas mercantiles en empresas de economía social, así como a aspectos de los diferentes modelos de empresa de este modelo empresarial en cuanto a registros generales y procedimientos de constitución, funcionamiento y consolidación.

Para realizar esta labor de identificación, la patronal de la economía social trabajará estrechamente con expertos y especialistas en las áreas de actuación acordadas para conocer sus análisis, así como para perfilar y contrastar determinadas medidas. 

Asimismo, se celebrarán distintos actos y foros en los que se dará publicidad a la política de reducción de cargas administrativas de la Administración General del Estado, así como a los distintos proyectos relacionados con la reducción de cargas administrativas.

Además, el Ministerio de Hacienda realizará labores de asesoramiento y asistencia, así como de seguimiento de los trabajos realizados durante la vigencia del convenio, y de difusión y comunicación sobre el convenio y sus resultados.

Tal y como señala el BOE, con este convenio se persigue “la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a reducir los costes administrativos de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo”.

Este convenio se une a los firmados por el Ministerio con CEOE-CEPYME, Cámara de España, ATA y el CERMI.