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Reforzar la colaboración entre los agentes locales mejoraría la lucha contra la pobreza energética en España

La lucha contra la pobreza energética debe enfocarse a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o riesgo de exclusión social. Es una de las principales conclusiones […]

Energía

Dirigentes Digital

14 nov 2023

La lucha contra la pobreza energética debe enfocarse a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o riesgo de exclusión social. Es una de las principales conclusiones del estudio ‘Pobreza energética: Ecosistema de agentes para combatirla mediante intervenciones de proximidad’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universitat de Barcelona y publicado por Fundación Naturgy.

La investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, analiza los actores involucrados en la mitigación de la pobreza energética para proponer cómo lograr una mejor coordinación y colaboración entre ellos.

España es uno de los países de la UE con niveles mayores de pobreza energética. En 2012 ocupaba la décima posición con mayor incidencia de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (un 9,1% de los hogares). Sin embargo, diez años más tarde, tras la crisis financiera, el impacto del Covid-19 y la crisis energética, España se encuentra en la sexta posición, con un impacto en el 17,1% de los hogares españoles, frente al 9,3% de la media europea.

La pobreza energética deriva no solo de la presencia de bajos ingresos en la unidad familiar, sino también de una baja eficiencia energética de los edificios y de los equipos consumidores de energía, una falta de formación de los consumidores y de los precios de la energía. Ello provoca, entre otros, consecuencias severas para la salud, agrava la exclusión social y deteriora el bienestar en general de las familias. 

“Estas graves consecuencias requieren la coordinación de los distintos agentes implicados en su resolución y establecer un modelo de gobernanza que los integre en su diversidad”, explica Costa, que añade que “la lucha contra la pobreza energética debe enfocarse de abajo hacia arriba, a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o en riesgo de exclusión social”. 

Según el estudio, este modelo permite conocer los problemas más cercanos e inmediatos, focalizar mejor las actuaciones para obtener una ejecución más acertada y dar respuesta a nuevos retos y necesidades propias de los colectivos más vulnerables, a través de la cooperación y empoderamiento de los distintos agentes del ecosistema local.

El estudio señala que la administración pública, en especial a un nivel local, es el agente que impulsa la mayoría de las iniciativas contra la pobreza energética. Las entidades del tercer sector, así como las empresas y cooperativas, participan también de forma muy habitual en las iniciativas locales contra la pobreza energética, en un 87,5% y 81,3% de las iniciativas, respectivamente. Y, finalmente, las universidades y centros de investigación están implicados en tres de cada cuatro iniciativas de lucha contra la vulnerabilidad energética. 

Retos y oportunidades a nivel local

El estudio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universitat de Barcelona también identifica puntos de mejora y oportunidades para lograr un trabajo eficiente a nivel local. En este sentido, en el sector público, es clave revertir la debilidad identificada de procesos administrativos muy lentos, complejos y con bajo nivel de digitalización, en una fortaleza acorde con un entorno regulatorio amplio en materia de pobreza energética en España.

Por otro lado, las empresas del sector energético muestran una elevada capacidad y apuesta por la innovación y una amplia disponibilidad de información valiosa sobre consumos energéticos. La combinación de ambas fortalezas permitiría una explotación sistemática de datos para atajar esta problemática de una forma más proactiva.

En cuanto a las entidades del tercer sector, ofrecen capilaridad en todo el territorio y una relación de confianza y proximidad con las familias vulnerables. Sin embargo, la falta de recursos humanos es una debilidad a la que se enfrentan estas organizaciones.

Por otro lado, la ausencia de profesionales capacitados, de experiencia en la implementación de iniciativas y las dificultades en el acceso a ayudas y subvenciones son problemáticas que afectan de forma relativamente similar a todas las iniciativas estudiadas. 

El estudio señala también la importancia de caracterizar bien a las personas que sufren de pobreza energética. Para ello sería necesario, además de encuestas homogeneizadas de organismos oficiales, obtener información de múltiples fuentes, como la que manejan las entidades sociales, los datos de los contadores inteligentes para saber si se está haciendo un buen uso de la energía o los que permitan conocer el estado de las viviendas.

Eficiencia energética y promoción de las renovables  

El estudio analiza el papel de los agentes locales a través de cuatro iniciativas: eficiencia energética, la promoción del uso de las energías renovables, transferencia del conocimiento y el empleo de la innovación tecnológica.

En el ámbito de las iniciativas de eficiencia energética, la administración local facilita el contacto con las familias vulnerables y tiene la capacidad de agilizar los trámites administrativos para la realización de las actuaciones necesarias. En este ámbito, existen ayudas públicas a la rehabilitación y cesión de viviendas y edificios a nivel territorial, autonómico y local.  Por su parte, las empresas ofrecen sus servicios y, en ocasiones, aportan fondos y recursos materiales. Las organizaciones sociales colaboraron fundamentalmente con la identificación y el contacto con los hogares vulnerables, mientras que las universidades y centros de investigación tienen una menor participación.

En las iniciativas locales para promover el uso de las energías renovables, la cooperación entre administración pública y empresas energéticas es muy relevante. El rol de estas últimas se centra en la realización de las instalaciones y las conexiones a la red, así como el desarrollo de aplicaciones de autoconsumo. Las organizaciones locales colaboran con su conocimiento del terreno y facilitando el empoderamiento energético de los ciudadanos, través de comunidades energéticas o asociaciones vecinales; y las universidades y centros de investigación aportan asesoramiento técnico, apoyan el trabajo de campo y la elaboración de los planes de actuación.             

Experiencias locales para abordar la pobreza energética

Para abordar las experiencias locales en este ámbito, la jornada ha contado con una mesa redonda en la que se ha debatido sobre el papel de las entidades sociales y se han expuesto algunas de las iniciativas para luchar contra la pobreza energética.

“Las medidas de arriba a abajo en rehabilitación energética no terminan de llegar a las familias por la complejidad de la gestión de los fondos. Hace falta que las entidades sociales analicemos cómo realizar estas mejoras más profundas, que ayuden a las personas y al impacto ambiental. Al final, todas las entidades tenemos el mismo objetivo, por lo que deberíamos revisar esos engranajes para que lo que hagamos no sume, sino que multiplique”, ha señalado Xavier Mauri, de Fundació Hàbitat3.

Por su parte, Sara Casas, de Cruz Roja Española, ha apuntado que “en 2023, de las 23.000 personas atendidas por la institución, el 60% manifestaba que no contaba con confort térmico en su hogar ni capacidad económica ni recursos para salir de esa situación, con lo cual queda mucho trabajo por hacer en este ámbito”. 

Arturo Zea, de Fundación València Clima i Energia del Ayuntamiento de Valencia, ha afirmado que “trabajamos una transición energética inclusiva y, para ello, nos apoyamos en la Oficina de la Energía en la que atendimos el año pasado a más de 8.500 personas, sobre todo en centros educativos, ya que es muy importante trabajar con las nuevas generaciones”. 

Para Meryem Madi, promotora de ahorro energético, “nuestro proyecto empezó de cero. Ayudamos a familias que vivían en un centro residencial y que necesitaban capacitación para poder llevar una vida autónoma y saber gestionar la energía cuando pudieran vivir en sus hogares”. 

La jornada ha finalizado con la intervención de João Pedro Gouveia, del Centro europeo de asesoramiento sobre pobreza energética (EPAH-EU), quien ha destacado que “aspiramos a convertir la iniciativa Energy Poverty Advisory Hub en una plataforma experta que ponga a disposición de autoridades locales, tercer sector y, en general, entidades que luchen contra el fenómeno de la pobreza energética, multitud de herramientas de apoyo tanto a nivel de conocimiento e incremento de habilidades, como en la ejecución de las iniciativas”. “Nos planteamos cómo abordar el tema de los datos y cómo seleccionar los mejores indicadores que ayuden a los gobiernos locales. Para ello, los focalizamos en varios bloques: clima, vivienda, movilidad y aspectos socioeconómicos”, ha apuntado.

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