En vistas de las pretensiones del Gobierno en funciones de sacar adelante un impuesto sobre determinados servicios digitales -al margen de si sale adelante un acuerdo internacional- Global Digital Foundation ha elaborado un informe con las principales repercusiones que tendría la conocida como ‘tasa Google’. Presentado por el director ejecutivo de dicha organización, Paul MacDonnell, […]
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| 05 sep 2019
En vistas de las pretensiones del Gobierno en funciones de sacar adelante un impuesto sobre determinados servicios digitales -al margen de si sale adelante un acuerdo internacional- Global Digital Foundation ha elaborado un informe con las principales repercusiones que tendría la conocida como ‘tasa Google’.
Presentado por el director ejecutivo de dicha organización, Paul MacDonnell, una de las principales conclusiones que se desprende del estudio es la posibilidad de que su implantación pueda incrementar el precio final de los productos ofrecidos por pequeñas empresas, trabajadores autónomos -sobre todo aquellas con rentas más bajas- u organizaciones sin fines de lucro que usen plataformas tecnológicas. “Lo más probable es que Google o Facebook trasladen la mayor parte del costo al precio de los productos y servicios que venden en línea o los absorberán en sus propios presupuestos comerciales y domésticos”, comenta al respecto.
Por tanto, la idea de gravar con un 3% los ingresos procedentes de plataformas de publicidad online y venta de datos generaría barreras para este tipo de compañías y encarecería el acceso a los servicios de las plataformas digitales. “El impacto en las pequeñas empresas sería similar al de los consumidores”, añade MacDonnell.
A juicio del director ejecutivo, el funcionamiento de esta tasa sería similar al de los impuestos especiales y a largo plazo redundará no solo en una menor productividad, si no también en una menor competitividad y un menor crecimiento económico. “Los gobiernos, debido a la creciente ansiedad que genera el uso de la información personal por parte de las empresas digitales, están cometiendo un grave error”, agrega. A la vez, alerta de los riesgos que entraña su puesta en marcha en una economía en materia de creación de empleo y riqueza. Por tanto, considera que el impacto económico observable del impuesto sobre servicios digitales es una razón suficiente para que los responsables políticos “se detengan y piensen”.
De manera paralela, un estudio elaborado por la consultora PwC estima el perjuicio económico de la tasa Google entre los 450 y los 560 millones de euros en el beneficio operativo de las empresas españolas usuarias de estos servicios digitales, mientras que en el caso de los consumidores la repercusión podría superar los 660 millones de euros, derivado precisamente, del aumento del precio de los productos o servicios.
La propuesta proviene de marzo de 2018 a petición de la Comisión Europea. La idea inicial pasaba por diseñar un impuesto de aplicación en todos los países de la Unión Europea que no salió adelante ante la negativa de Irlanda y los países nórdicos. Su ejecución de manera global está pendiente de la decisión que tome la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Recientemente, su secretario general, Ángel Gurría, ha expresado su optimismo y confía en que se materializará durante el primer semestre de 2020.