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El decálogo de las pymes para el nuevo Gobierno

Aún sin la formación de un Gobierno tras cerca de dos meses de negociaciones por parte de los diferentes partidos políticos, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) lanza un comunicado a los partidos con las necesidades de quiénes conforman el 99,88% del tejido productivo nacional. Un decálogo en el que la […]

PYMES

Dirigentes Digital

05 sep 2023

Aún sin la formación de un Gobierno tras cerca de dos meses de negociaciones por parte de los diferentes partidos políticos, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) lanza un comunicado a los partidos con las necesidades de quiénes conforman el 99,88% del tejido productivo nacional.

Un decálogo en el que la patronal recoge los principales problemas que atañen a las pymes en un momento de máxima incertidumbre política y con un claro mensaje: “aliviar los sobrecostes que vienen soportando las empresas en forma de impuestos, cotizaciones y fuertes alzas continuadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.

Peticiones para crear un marco empresarial “fiscal, laboral y administrativamente más amable” con el fin de facilitar a las pymes un crecimiento y estado de bienestar. Puntos que denuncian desde la alta carga burocrática del gremio, la complejidad a la hora de acceder a los fondos europeos, catalogándolos de poco transparentes, o la alta morosidad que sufren los pequeños empresarios.

Presión fiscal

Generan el 70% de empleo en España según los datos publicados en junio por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no obstante, la carga fiscal según la renta que las pymes padecen supera el 53% de la media que la Unión Europea.

La patronal insta al Gobierno a una revisión y consecuente rebaja de las cotizaciones sociales por parte de las empresas de menor tamaño, las cuales, en los últimos años han aumentado más del 50% las mínimas y casi un 20% las máximas. Un incremento demasiado perjudicial según Cepyme debido a “su reducido tamaño y al mayor peso de los costes laborales en estas empresas”.

Gasto público

El patronato, liderado por Gerardo Cuerva, hace un especial llamamiento a la “contención y eficiencia del gasto público”. La continua subida de los costes a las pymes, superior al 25% en los dos últimos años, apunta Cepyme, no se ha visto frenada por la histórica situación inflacionista ni la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) hace unos meses.

Consideran insostenible el “importante incremento del gasto estructural” al que se hace referencia en el documento publicado este lunes, en donde se pide al nuevo Gobierno ahorrar e impulsar las iniciativas público-privadas a favor de las pequeñas y medianas empresas para así agilizar plazos y liberar recursos públicos.

Salario Mínimo Interprofesional

Tener en cuenta las diferencias entre las diferentes provincias y los sectores son los parámetros que la patronal de Cuerva pide al ejecutivo español a la hora de establecer el SMI, amparándose al Estatuto de los Trabajadores. Para la confederación, equiparar el sueldo medio al 60% supone no tener en cuenta la realidad económica del país.

Crecimiento de las empresas

Abogan por el crecimiento empresarial a través de un aumento del tamaño de la empresa media equiparándola de este modo a la media europea de sus homólogos, además de eliminar trabas normativas que facilite el crecimiento de las pymes. Fomentar fusiones y adquisiciones, negociaciones, así como crear e impulsar políticas de empleo a favor de la formación continua, la recualificación o dar la cara a la falta de mano de obra.

Morosidad

Uno de los frentes abiertos que más preocupa a la patronal es el incumplimiento de pagos a las empresas de menor tamaño. Tal y como publicaban a través de su último Observatorio de la Morosidad del segundo trimestre de 2023, la deuda actual de las pymes llega hasta los 2.366 millones de euros, llevando al colectivo a una debilidad financiera histórica.

Cepyme reclama tomar medidas “urgentes” para frenar la morosidad que, a pesar de que la ley solo permite la demora de los cobros hasta los 60 días, la media real alcanza los 81,3 días según el informe, llevando a las empresas a situaciones extremas. 

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