Ante una educación financiera escasa y un auge de productos de inversión sostenible, hemos preguntado a Patricia Suárez Ramírez, fundadora y presidenta de ASUFIN, cómo pueden protegerse los inversores del ya apodado ‘greenwashing’. Desde ASUFIN, ofrecéis asesoramiento y defensa a los usuarios financieros, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrenta este colectivo? En […]
Ante una educación financiera escasa y un auge de productos de inversión sostenible, hemos preguntado a Patricia Suárez Ramírez, fundadora y presidenta de ASUFIN, cómo pueden protegerse los inversores del ya apodado ‘greenwashing’.
En efecto, uno de los pilares básicos de la actividad de ASUFIN descansa en la educación financiera. Pensamos que un consumidor y usuario financiero informado garantiza una mejor protección frente a las prácticas dudosas del mercado. En ese sentido, exigimos, a su vez, responsabilidad por parte de los operadores del mercado. Y por entrar en materia, uno de los peligros es precisamente éste, la opacidad y falta de transparencia en la información que se ofrece a los clientes, seguido de la colocación de cláusulas abusivas en muchos contratos de productos y servicios bancarios. De hecho, muchos de los problemas que derivaron en la alta litigiosidad que devino tras la crisis financiera de la primera década, se originaron por la colocación de estas cláusulas en los contratos de los consumidores.
La directiva fundamental que ampara los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito europeo es la 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Este texto legal ha sido un pilar fundamental en la defensa del consumidor financiero y ha inspirado buena parte de la jurisprudencia a favor del consumidor que, tenemos que decir, le da la razón en el 97% de los casos que llegan a tribunales.
Sí. Es esencial, como comentaba antes. Y es una responsabilidad que debemos asumir cada uno de los agentes de la sociedad, en función del papel que tengamos asignado. Las asociaciones que representamos a la sociedad civil tenemos sin duda deberes asignados, pero también lo tienen las propias compañías y entidades financieras. Ellas prestan un servicio esencial en la sociedad, financiar la economía de empresas, familias, administraciones.. y que nos consta, que son plenamente conscientes de ello. Pero tienen que hacer una labor de acompañamiento y ejercer una práctica responsable, incluso por mandato de los reguladores. Finalmente, no podemos dejar a un lado a las propias administraciones públicas y supervisores.
El récord se debe a que confluyen dos circunstancias: por un lado una oferta mucho más amplia, cada vez se comercializan más productos especialmente en fondos de inversión y, por otro, que también se demandan más por el hecho de que se hace con el reclamo de que los fondos ESG consiguen mejores resultados.
El problema es que bajo el paraguas de fondos ESG hay productos de todo tipo, tanto en lo que invierten (empresas o productos verdes hay mucha variedad, y en ocasiones más que tener políticas verdes se basan en cumplir unos requisitos de responsabilidad corporativa) como en el riesgo de los propios productos ya que muchos ellos son fondos de renta variable.
Por todo ello es importante estar asesorado correctamente, que sepa en qué invierte y su riesgo y, por ejemplo, en el caso de invertir en renta variable que sea en una pequeña proporción. Muchos apuestan por estos productos sin saber que pueden ser de muy alto riesgo.