Políticos, empresarios, sindicalistas, infantas y funcionarios… todos los estratos del Estado están marcados por la lacra de la corrupción. En las últimas semanas se ha sucedido caso tras escándalo. A las tramas ya judicializadas como el caso Gürtel con nuevas imputaciones como la del ex ministro de Interior, Ángel Acebes, se han solapado el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid o la reciente Operación Púnica. Por culpa de este virus están cayendo personajes tan ilustres como Jordi Pujol, visto en el pasado como uno de los artífices de la Transición, ahora con los ojos del presente es el jefe de un clan familiar que durante años ha sacado rédito económico a su posición política, o Rodrigo Rato, el que fue responsable del milagro de la economía española ha pasado ser el icono del desastre de las cajas de ahorro y una de las cara visibles de las tropelías que se cometieron en Caja Madrid.
Puesto en cifras, los números son mareantes. Los casos de corrupción superan los 1.600. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se juzgaron un total de 798 y en estos momentos hay más de 2.100 abiertos. De los cuales, 1.661 corresponden a causas que afectan a tipos penales vinculados con la corrupción contra los bienes públicos. Más de 300 son calificados por la institución como macroprocesos, por el volumen de implicados en los mismos y por la especial complejidad de los hechos investigados. Estos son los más conocidos por la opinión pública al aparecer en los medios de comunicación, pero la mayoría son de corporaciones locales. De una manera u otra, los partidos políticos son señalados como los principales responsables. Da igual su color, allí donde han ostentado un gramo de poder, el político de turno ha actuado en beneficio propio.
La corrupción es difícil de cuantificar y valorar, siempre fuerza los límites entre la ilegalidad y lo éticamente reprobable. Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas estima que la corrupción supone 40.000 millones anuales a los españoles. El equivalente al 25% del PIB o al rescate financiero que pidió el Gobierno para salvar al sistema financiero. El trabajo incide en que las mediciones del problema hasta se centran únicamente en el impacto directo procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente. Hablan de cifras millonarias. En el caso de los ERES en Andalucía se desviaron al menos 140 millones de un fondo público de 1.200 millones, según la investigación. En la Comunidad Valencia, el periodista Sergi Castillo calcula en su libro Tierra de saqueo ha supuesto 1.200 millones, una región que ha sido nido de la Gürtel, del caso Brugal y el caso Nóos. Solo en la visita del Papa Benedicto XVI, Francisco Correa y sus socios, se levantaron 3 millones de euros por organizar el evento. El Palma Arena, monumento al despilfarro de otra época, duplicó el coste de la obra hasta los 110 millones, mientras el ex presidente de Baleares, Jaume Matas engordaba exponencialmente su patrimonio.
Quizá fuera antes menos visible o que la opinión pública cerraba los ojos ante ella. También es una cuestión de percepción. Después de tantos años de castigo con pérdida de empleo, impuestos más altos y un discurso de las élites que responsabilizaban a la sociedad de la crisis, las prácticas corruptas se toleran menos y se persiguen.
La sensación generalizada de que la corrupción ha crecido exponencial lo corrobora la Transparencia Internacional, que se encarga de medir el grado de descomposición de los países por este motivo. Desde que el país comenzó a tener problemas económicos no ha parado de empeorar en el índice que elabora la organización. Antes de la crisis ocupaba puestos entre los países menos corruptos analizados. En el último informe, se sitúa en la posición 40, a la altura de países como China o países inmaduros como Serbia o Croacia. Amnistía Internacional, que desde 2005 evalúa la corrupción en los Estados, también ha detectado este deterioro. En su ranking, España ha caído del 23 al puesto 40.
La corrupción no solo indigna y provoca vergüenza ajena a los españoles, también fuera del país. En un informe de marzo, la Secretaría de Estado de EEUU clasifica a España como uno de los 64 países del mundo, incluido paraísos fiscales, de destino de blanqueos de capitales. El documento explica que el país es la puerta de Europa del narcotráfico y que han utilizado la expansión del mercado inmobiliario para lavar dinero negro.
La Comisión Europea tampoco ha tenido piedad. Por primera vez, Bruselas analizaba la corrupción dentro de las fronteras europeas por primera vez el año pasado y cifraba en 120.000 millones el coste a los países miembros. No ofreció cálculos por países, pero sí estableció un ranking en el que España se situaba entre los países con mayor corrupción junto a Rumanía, Grecia y Croacia.
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