La reducción del límite máximo de aportación a Planes de Pensiones Individuales de 8.000 a 2.000 euros por parte del Gobierno provocó una reducción del 41% en el volumen de aportaciones brutas durante el año 2021, según señala Inverco. Este descenso, posteriormente se incrementó hasta los 1.500 euros como cifra máxima que los beneficiarios de […]
| 22 nov 2022
La reducción del límite máximo de aportación a Planes de Pensiones Individuales de 8.000 a 2.000 euros por parte del Gobierno provocó una reducción del 41% en el volumen de aportaciones brutas durante el año 2021, según señala Inverco. Este descenso, posteriormente se incrementó hasta los 1.500 euros como cifra máxima que los beneficiarios de los PPI podían aportar a su plan anualmente. El Estado, justificó llevar a cabo esta medida de recorte en los PPI para fomentar los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) como complemento a la jubilación de los trabajadores. Sin embargo, según el II Estudio de Planes de Pensiones de Empleo de Caser señala que lejos de que los PPE se expandieran, los datos arrojan que el 73% de los trabajadores autónomos no los conoce, el 67% de los empresarios desconoce su existencia y tan solo un 2% de los trabajadores sabe lo que son estos vehículos de ahorro.
Para 2023 los PGE no han modificado la anterior rebaja a los PPI
Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, se pretende efectuar un incremento del 8,5% en las pensiones públicas, y con ello equipararlas al repunte de la inflación. Sin embargo, se mantienen esos 1.500 de aportaciones al Plan de Pensiones Individual, para beneficiarse de la reducción del IRPF, pese a que los datos ya han revelado que la medida ha reducido el nivel de las aportaciones al sistema de pensiones individual.
En lo que a los PPI se refiere en concreto, con los máximos de 1.500 euros las cantidades que se reducen de su base imponible de IRPF (30% de sus rendimientos netos del trabajo o hasta un máximo de 2.000 euros) pasan a ser un incentivo simbólico para apostar por el ahorro privado a través de estos vehículos. Después de dos años desde la aplicación de estos recortes, podemos hacernos un esquema general de su impacto.
¿Cuánto ha afectado el recorte de los PPI a la entrada de dinero en los planes de pensiones en su conjunto?
Ibercaja a punta a un descenso generalizado en el volumen de aportaciones al sistema ndividual, que ya registra una bajada del 16% durante el primer semestre del año 2022, con relación al mismo semestre del año anterior, que se suma al retroceso que ya se registró para el 2021, cuando las aportaciones cayeron un 40%.
Según añade Inverco, aunque no hay cifras a cierre de 2022, la tendencia negativa se mantiene en lo que va de año y el recorte adicional (hasta los 1.500) hace esperar “una nueva reducción en las aportaciones”. A pesar de que se ha producido una reducción notable en las aportaciones a los sistemas de pensiones, los más afectados, han sido los individuales.
Según señala Funcas una de las figuras que más afectadas se ha visto con este recorte han sido los trabajadores autónomos ya que, al no tener plan de pensiones de empleo, los PPI suponían para ellos una posibilidad de ahorrar para la jubilación. Sin embargo, como añade Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas, esto podría extrapolarse a la mayoría de trabajadores del tejido empresarial en España, ya que se caracteriza por el predominio de pequeñas y medianas empresas, principalmente. “Son las grandes empresas las que han tenido estos planes de pensiones privados de empleo, las pequeñas empresas no”, ha aseverado.
“Es verdad que la gente podía ahorrarse un poco de dinero de tributación para Hacienda, pero a su vez estaban haciendo algo muy importante y recomendado que era ahorrar para su jubilación” ha añadido Chuliá. La decisión del Gobierno se vio en gran medida incentivada por la situación de los trabajadores autónomos que podían ahorrar a través de estos vehículos individuales, a pesar de que su cotización mínima a la Seguridad Social les aseguraría una pensión mínima.
“Antes de debilitar considerablemente el pilar privado de las pensiones, debería haberse desarrollado el pilar de las pensiones de empleo”, ha determinado la directora de Funcas. Desde el inicio de los PPI en el año 1987, se han producido cambios progresivamente, sin embargo, estos planes nunca se habían enfrentado a un recorte de la magnitud del que aplicó el Gobierno de Pedro Sánchez hace dos años. La aportación máxima de 1.500 euros se queda prácticamente en la mitad de la cuantía que se estableció cuando echaron a andar los planes de pensiones privados, que se situó en 500.000 pesetas.
A pesar de que el ministerio contaba con estudios en los que la mayor parte de os suscriptores de planes de pensiones aportaban entorno a 2.000 euros, había quienes podían aportar cantidades de dinero muy elevadas, el máximo permitido. Estos empresarios han visto reducida su capacidad de ahorro finalista en gran medida. Por lo que, a la figura de los trabajadores autónomos, se añaden estas rentas más altas como los más afectados del recorte fiscal.
Elisa Chuliá, añade que “el recorte fue bastante inesperado”. La industria de planes de pensiones, las financieras y las aseguradoras se vieron muy afectadas. “Ese sector se ha visto muy perjudicado por el cambio”. Sandra Zapata, la responsable de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión, ha añadido que estas disminuciones de aportaciones “no se han visto compensadas con un incremento de las aportaciones al sistema de empleo”.
Se han reducido los límites a planes individuales para favorecer los planes de empleo, pero “en España no se encuentra suficientemente desarrollado este sistema”. “Hay un largo camino por recorrer y las reformas deberían estar más acompasadas en el tiempo”, ha concluido Zapata.
El director de Estudios y Estadísticas del Observatorio Inverco coincide en la idea de que “las aportaciones a los planes de empleo no se han modificado en absoluto” desde la aplicación del recorte a los PPI. Desde los 1.223 millones en 2020 hasta los 1.227 millones con los que cerraron el año, “los planes del sistema de empleo apenas presentan variación en su volumen de aportaciones”.
¿Cómo se valora la reforma por parte del Gobierno después de dos años?
La esencia de la reforma que se llevó a cabo era impulsar el segundo pilar del sistema de previsión, que al fin y al cabo es el patrón predominante en los países de nuestro entorno. Los planes de empleo, con un sistema de aportaciones compartido entre empresa y trabajador podrían ser una opción para el futuro. Otra opción sostenible para el futuro pasa por un equilibrio entre los tres pilares de pensiones, es decir, mantener la pensión pública (primer pilar) como la base del ingreso de una persona que se jubila, pero complementarla con ahorro por parte de la empresa (segundo pilar) y con ahorro voluntario (tercer pilar).
La reducción del límite máximo de aportación a Planes de Pensiones Individuales de 8.000 a 2.000 euros por parte del Gobierno provocó una reducción del 41% en el volumen de aportaciones brutas durante el año 2021, según señala Inverco. Este descenso, posteriormente se incrementó hasta los 1.500 euros como cifra máxima que los beneficiarios de los PPI podían aportar a su plan anualmente. El Estado, justificó llevar a cabo esta medida de recorte en los PPI para fomentar los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) como complemento a la jubilación de los trabajadores. Sin embargo, según el II Estudio de Planes de Pensiones de Empleo de Caser señala que lejos de que los PPE se expandieran, los datos arrojan que el 73% de los trabajadores autónomos no los conoce, el 67% de los empresarios desconoce su existencia y tan solo un 2% de los trabajadores sabe lo que son estos vehículos de ahorro.
Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, se pretende efectuar un incremento del 8,5% en las pensiones públicas, y con ello equipararlas al repunte de la inflación. Sin embargo, se mantienen esos 1.500 de aportaciones al Plan de Pensiones Individual, para beneficiarse de la reducción del IRPF, pese a que los datos ya han revelado que la medida ha reducido el nivel de las aportaciones al sistema de pensiones individual.
En lo que a los PPI se refiere en concreto, con los máximos de 1.500 euros las cantidades que se reducen de su base imponible de IRPF (30% de sus rendimientos netos del trabajo o hasta un máximo de 2.000 euros) pasan a ser un incentivo simbólico para apostar por el ahorro privado a través de estos vehículos. Después de dos años desde la aplicación de estos recortes, podemos hacernos un esquema general de su impacto.
Ibercaja a punta a un descenso generalizado en el volumen de aportaciones al sistema individual, que ya registra una bajada del 16% durante el primer semestre del año 2022, con relación al mismo semestre del año anterior, que se suma al retroceso que ya se registró para el 2021, cuando las aportaciones cayeron un 40%.
Según añade Inverco, aunque no hay cifras a cierre de 2022, la tendencia negativa se mantiene en lo que va de año y el recorte adicional (hasta los 1.500) hace esperar “una nueva reducción en las aportaciones”. A pesar de que se ha producido una reducción notable en las aportaciones a los sistemas de pensiones, los más afectados, han sido los individuales.
Según señala Funcas una de las figuras que más afectadas se ha visto con este recorte han sido los trabajadores autónomos ya que, al no tener plan de pensiones de empleo, los PPI suponían para ellos una posibilidad de ahorrar para la jubilación. Sin embargo, como añade Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas, esto podría extrapolarse a la mayoría de trabajadores del tejido empresarial en España, ya que se caracteriza por el predominio de pequeñas y medianas empresas, principalmente. “Son las grandes empresas las que han tenido estos planes de pensiones privados de empleo, las pequeñas empresas no”, ha aseverado.
“Es verdad que la gente podía ahorrarse un poco de dinero de tributación para Hacienda, pero a su vez estaban haciendo algo muy importante y recomendado que era ahorrar para su jubilación” ha añadido Chuliá. La decisión del Gobierno se vio en gran medida incentivada por la situación de los trabajadores autónomos que podían ahorrar a través de estos vehículos individuales, a pesar de que su cotización mínima a la Seguridad Social les aseguraría una pensión mínima.
“Antes de debilitar considerablemente el pilar privado de las pensiones, debería haberse desarrollado el pilar de las pensiones de empleo”, ha determinado la directora de Funcas. Desde el inicio de los PPI en el año 1987, se han producido cambios progresivamente, sin embargo, estos planes nunca se habían enfrentado a un recorte de la magnitud del que aplicó el Gobierno de Pedro Sánchez hace dos años. La aportación máxima de 1.500 euros se queda prácticamente en la mitad de la cuantía que se estableció cuando echaron a andar los planes de pensiones privados, que se situó en 500.000 pesetas.
A pesar de que el ministerio contaba con estudios en los que la mayor parte de os suscriptores de planes de pensiones aportaban entorno a 2.000 euros, había quienes podían aportar cantidades de dinero muy elevadas, el máximo permitido. Estos empresarios han visto reducida su capacidad de ahorro finalista en gran medida. Por lo que, a la figura de los trabajadores autónomos, se añaden estas rentas más altas como los más afectados del recorte fiscal.
Elisa Chuliá, añade que “el recorte fue bastante inesperado”. La industria de planes de pensiones, las financieras y las aseguradoras se vieron muy afectadas. “Ese sector se ha visto muy perjudicado por el cambio”. Sandra Zapata, la responsable de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión, ha añadido que estas disminuciones de aportaciones “no se han visto compensadas con un incremento de las aportaciones al sistema de empleo”.
Se han reducido los límites a planes individuales para favorecer los planes de empleo, pero “en España no se encuentra suficientemente desarrollado este sistema”. “Hay un largo camino por recorrer y las reformas deberían estar más acompasadas en el tiempo”, ha concluido Zapata.
El director de Estudios y Estadísticas del Observatorio Inverco coincide en la idea de que “las aportaciones a los planes de empleo no se han modificado en absoluto” desde la aplicación del recorte a los PPI. Desde los 1.223 millones en 2020 hasta los 1.227 millones con los que cerraron el año, “los planes del sistema de empleo, apenas presentan variación en su volumen de aportaciones”.
La esencia de la reforma que se llevó a cabo era impulsar el segundo pilar del sistema de previsión, que al fin y al cabo es el patrón predominante en los países de nuestro entorno. Los planes de empleo, con un sistema de aportaciones compartido entre empresa y trabajador podrían ser una opción para el futuro. Otra opción sostenible para el futuro pasa por un equilibrio entre los tres pilares de pensiones, es decir, mantener la pensión pública (primer pilar) como la base del ingreso de una persona que se jubila, pero complementarla con ahorro por parte de la empresa (segundo pilar) y con ahorro voluntario (tercer pilar).
En esta línea, José Luís Manrique, director de Estudios y Estadísticas del Observatorio Inverco, sostiene que las reformas que “traten de incentivar un pilar a costa de los otros, no son adecuadas”. Por ello, los planes de empleo deben ser complementarios a los planes de pensiones individuales y “nunca sustitutivos”.
Según el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, la reforma por parte del Gobierno debe valorarse “de forma negativa” ya que el sistema público de pensiones español no es sostenible y proporciona menores prestaciones o mayores requisitos para el acceso, por lo que “deberían fomentarse otros mecanismos privados”.
El analista jefe de XTB, Pablo Gil, va más allá y determina a la reforma como “un grave error”. La sostenibilidad del modelo público de pensiones está en entredicho y fomentar los planes de pensiones privados que apoyen a las pensiones públicas garantizaría “un retiro digno para el ciudadano”.
Para Elisa Chuliá, de Funcas, el Gobierno ha lanzado un mensaje equivocado con esta reforma, ya que debería advertirse de la incertidumbre que existe sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. “Conviene planificarse para la jubilación” ha afirmado.
“No es razonable que antes de abrir la vía al ahorro a través de planes de pensiones de empleo se haya restringido la aportación a los planes de pensiones individuales”, explica la directora de Funcas. “Se debería haber hecho a la vez”.
La responsable de desarrollo de negocio en Ibercaja Pensión, Sandra Zapata, en este sentido, coincide con Funcas y sostiene que la modificación de los límites de aportaciones debería producirse de una forma más gradual. “El objetivo final es potenciar el ahorro, sea desde la iniciativa particular o desde la empresa, para reforzar la pensión pública con un ahorro privado”.
“En el marco regulatorio aprobado, echamos, además, en falta que se otorguen los suficientes incentivos fiscales, tanto a empresas como a trabajadores para hacer atractivo el proyecto, como sucede en otros países” ha concluido la responsable de Ibercaja.
Todas las reformas que se produzcan en el sistema de pensiones, afectarán en mayor o menor medida a los planes de pensiones complementarios a la pensión pública. El impacto será mayor o menor en función del calado de la reforma que se efectúe y de esa necesidad de constituir un ahorro complementario de mayor o menor cantidad.
Aunque la Comisión Europea ha dado su visto bueno a la primera parte de la reforma, según apunta, Sandra Zapata, la responsable de desarrollo de negocio en Ibercaja pensión, “existe cierto recelo de que las medidas sean suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones”. “Bruselas está instando al Gobierno a rectificar determinados aspectos”, ha añadido.
En este sentido, Enrique Devesa, profesor de la Universitat de València, investigador del Ivie y miembro del Comité de Expertos que desarrolló el Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013, considera que Bruselas tiene preocupación por el sistema de pensiones público y no entra tanto a valorar la parte de planes privados, por lo que no debería afectar a los planes de pensiones en su conjunto.
En esta línea, Jose Luís Manrique, de Inverco, coincide con que la reforma que se está negociando “no debería afectar a la parte del ahorro privado”, que es “fundamental” para complementar a la pensión pública.
Bruselas ha puesto en tela de juicio el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que supone un recargo del 0,6% en las cotizaciones sociales durante la próxima década para reemplazar el factor de sostenibilidad. Consideran que el sistema no es sostenible y proponen que este recargo se aplique durante 30 años.
Desde XTB consideran que “lo más probable es que se busque una solución de compromiso y se solucione un problema que lleva presente desde hace mucho tiempo y demuestra un desequilibrio entre los gastos de pensiones que ascienden a 190.678 millones de euros para 2023, con unos ingresos que no cubren esas necesidades”.
Disponer de un ahorro futuro que complemente la pensión pública de jubilación va a ser necesario y es recomendable tomar conciencia y comenzar a ahorrar cuanto antes, algo que ya está ocurriendo. Sin embargo, en España el límite de aportación a planes individuales es uno de los más bajos de la Unión Europea, mermando con ello la capacidad de acumulación de ahorro.
Para el investigador del Ivie, Enrique Devesa, sería necesario que se dieran facilidades para hacer aportaciones y que estas “no estuvieran tan ligadas a las contribuciones efectuadas por el promotor” ya que genera “falta de equidad entre trabajadores y entre sectores”.
Pablo Gil, analista jefe de XTB y Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas coinciden en que se debería fomentar un plan de pensiones que tenga un componente público pero que se vea reforzado por aportaciones privadas. Para ello, Pablo Gil, señala que para solventar la equidad fiscal o la progresividad impositiva podrían “aplicarse niveles de desgravación variable por nivel de renta”.
“Diseñar un incentivo que sea progresivo, pero que anime al ahorro”, coincide Elisa Chuliá. “Es necesario, y así lo dicen los organismos internacionales europeos, que ahorremos para la jubilación por nuestra parte”.
Para José Luís Manrique, director de Estudios y Estadísticas del Observatorio de Inverco, el impulso definitivo para los planes de pensiones de empleo pasa por “una adscripción obligatoria del trabajador a un plan de empresa”.
En esta línea, desde Ibercaja, añaden que “mejorar los beneficios fiscales a las empresas sería una palanca que impulsaría el desarrollo del sistema de empleo de manera notable”. Una mayor reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social de las aportaciones realizadas por la empresa “tendría un impacto positivo, sin lugar a dudas”.
