Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha avanzado que España cerró 2022 cumpliendo los objetivos que se había marcado de déficit y deuda. 

En su conferencia «Análisis de la economía española: situación actual y retos de la política económica», organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), ha defendido que la idea extendida durante mucho tiempo de que “la política económica podía hacer muy poco” ha quedado esa visión “demolida” por la crisis financiera y la recuperación incompleta y, por último, por este Gobierno.

La política económica la ha descrito como “muy moderna”, ya que responde a los cambios de la economía, advirtiendo que dejando a su libre funcionamiento la economía, esta “tiene unas debilidades y unas tendencias a la inestabilidad muy altas”, además de la generación de desigualdad.

El secretario de Estado, un día después de que se conociera el repunte del IPC en enero, también ha ligado la inflación más a la multiplicación del precio del gas y la electricidad, que a las fricciones en la cadena de suministros tras la pandemia. Además, ha ligado el crecimiento económico a la política energética del Gobierno, que ha calificado de “eficaz” y “muy útil”, haciendo especial mención al mecanismo ibérico (la fijación de precios en el mercado eléctrico).

García Andrés anuncia que España cumplirá “con creces” los objetivos de déficit y deuda

En la relación con las cifras de crecimiento, ha resaltado el consumo y, sobre todo, la demanda externa como los componentes de nuestra economía que muestran mejor desempeño. La mayor capacidad de financiación. El superávit exterior de la economía española es estructural y las empresas siguen teniendo la capacidad de exportar más allá de los servicios turísticos.

García Andrés también se ha referido al buen estado del mercado de trabajo y lo ha achacado a la reforma laboral. Ha puesto como ejemplos de la buena marcha de la economía nacional la bajada de dos puntos porcentuales de la tasa de desempleo en 2022, el récord de afiliación y la creación de empleo “de calidad”, aunque dice que el país debe aspirar al pleno empleo. Además, alega que el gran objetivo de la reforma, reducir la temporalidad y acerca la tasa a la media europea, se ha cumplido. 

Por último, en cuanto a la parte fiscal, ha defendido que, pese a tener que financiar las consecuencias de la guerra, España va a mejorar los objetivos de déficit y de deuda pública. Es decir, que España cerrará 2022 con una deuda inferior al 115% del PIB y un déficit inferior al 5%. Esto lo ha anun

El secretario de Estado ha resaltado la ampliación de la base de ingresos, ya que en 2021 subió tres puntos los ingresos públicos con respecto al PIB y en 2022 se espera que sea aún mayor, por el afloramiento de economía sumergida surgida a raíz de la activación de los ERTE. 

La Comisión Europea busca cambiar las reglas fiscales

El Gobierno puede encontrar un aliado en la Comisión Europea. Por un lado, el año pasado prorrogó la suspensión de las reglas de déficit hasta 2024. Además, Bruselas propuso el pasado noviembre unas nuevas reglas fiscales.

La normativa vigente, que no se aplica temporalmente desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se estableció en el Tratado de Maastricht a principios de la década de los noventa, y obliga a los Estados miembros a mantener su déficit público inferior al 3% y la deuda por debajo del 60% del PIB. 

Según la propuesta de la Comisión, tanto el objetivo del 3% de déficit como el del 60% de deuda se mantendrán intactos, pero se introducirá una mayor flexibilidad para adaptar los objetivos a las circunstancias específicas de cada país. Las capitales podrán idear sus propios planes para controlar el déficit público y reducir gradualmente la deuda en un período de cuatro años. Los países altamente endeudados podrían recibir tres años adicionales para ajustar sus finanzas.

Como "contrapartida" a esta mayor flexibilidad, la Comisión fortalecerá la vigilancia y aplicación de las reglas fiscales, que hasta ahora ha sido débil e inconsistente. Por lo tanto, los países de la UE deberán cumplir los objetivos que se han fijado y, en caso de no cumplir con lo acordado, el ejecutivo aplicará sanciones económicas.

En la actualidad, 14 de los 27 Estados miembros incumple el objetivo de deuda. De hecho, ninguna de las cuatro grandes potencias baja de la cota del 60% del PIB y tres de ellos -Francia, España e Italia- están entre los cinco países más endeudados. En cuanto al déficit, en 15 de 27 miembros supera el 3%.