Las retrocesiones son el importe que las gestoras o fondos deben pagar a las entidades bancarias, asesores o comercializadoras para poder recomendar a un inversor que contrate un determinado fondo.

Muchos inversores desconocen que, cuando llevan a cabo la contratación de un fondo, están asumiendo el pago de estas retrocesiones, lo que ha generado un debate en muchas ocasiones ya que se traduce en una falta de transparencia. Este coste, supone una elevada cantidad de ingresos cada año para la banca, que cobran por los fondos que ofrecen a los clientes.

La cuestión está, en que la existencia de retrocesiones genera un conflicto de intereses ya que los asesores van a tratar de vender en mayor medida aquellos productos que más beneficios les generen a través de las retrocesiones, en lugar de los que se adapten mejor al perfil del inversor. 

Con la normativa MIFID II, se prohibió que los asesores financieros pudieran declararse como independientes si recibían retrocesiones, una práctica que sigue patente en España, pero que en otros países europeos está prohibida. Bruselas ha llevado a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo la propuesta de que se eliminen todas las retrocesiones a las distribuidoras de productos financieros. Con esta iniciativa se pretende eliminar ese conflicto de intereses e incrementar la transparencia ante los clientes.

Aunque, si se eliminan las retrocesiones, el ingreso de las entidades deberá cobrarse de forma explícita y estará sujeto a IVA, lo que se traduce en un mayor coste para el cliente.

La Comisión Europea está preparando una Estrategia de Inversiones Minoristas, para lo que ha analizado las experiencias de Países Bajos y Reino Unido, que prohibieron hace ya algunos años estos incentivos.