Como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la comunidad internacional impuso a Rusia uno de los paquetes de sanciones que es quizás el más completo que jamás se haya impuesto a un país en la historia. Esto ha reavivado un debate que tradicionalmente ha dividido a los bandos políticos en defensores de las sanciones y detractores de las mismas.

Hasta febrero, solo Estados Unidos había impuesto un total de 2.700 sanciones a Rusia, seguido de la UE con 1.155. Pero también es la naturaleza, el calendario y la composición de las medidas lo que difiere mucho de la antigua concepción de las sanciones como algo casi exclusivamente material, con prohibiciones de exportación o importación de armamento, equipos técnicos o productos de doble uso. Aunque siguen siendo importantes, son solo un elemento de una red de sanciones que incluye aquellas de carácter individual, energéticas, de transporte y económicas y financieras. 

Las aplicadas a Rusia afectan a su sistema bancario e implican que las principales entidades del país, así como algunas bielorrusas, lleven más de un año excluidas del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Telecommunication, por sus siglas en inglés) y ya no puedan realizar ni recibir pagos internacionales a través de este sistema. Como consecuencia, estos bancos no pueden ser destinatarios de divisas ni realizar transferencias de activos al extranjero. Además, la UE ha prohibido todas las transacciones con el Banco Central de Rusia, lo que afecta a la forma en que gestiona sus reservas y activos. Como consecuencia, el Banco Central ya no tiene acceso a los recursos que mantiene en otros bancos centrales e instituciones privadas de la UE. A su vez, Rusia no puede utilizar este colchón de activos extranjeros para financiar a sus bancos y mitigar el impacto de otras sanciones. La UE también ha prohibido la venta, suministro, transferencia y exportación de billetes denominados en euros a Rusia. La restricción del acceso al efectivo en euros para el gobierno ruso, su banco central y las personas físicas y jurídicas en Rusia impide eludir las sanciones. Ha habido restricciones en el uso de tarjetas de crédito, y servicios de pago como Apple Pay, Google Pay o PayPal ya no están disponibles en Rusia. También se han marchado servicios de transferencia de dinero como Western Union o el sistema de pago japonés JCB. Además, hay restricciones a los saldos en efectivo, bancarios y de criptomonedas, al comercio de valores y a los servicios de calificación.

Algunos dudan sobre la efectividad de estas medidas. En este sentido, no hay que olvidar que la congelación de activos y las restricciones de viaje afectan a los miembros del gobierno ruso, el parlamento, el Consejo de Seguridad Nacional, altos funcionarios y personal militar, empresarios y oligarcas. También hay que recordar que las sanciones han sido y están siendo impuestas de forma selectiva y gradual y que su objetivo es maximizar su impacto negativo sobre determinados individuos y grupos de individuos y sobre la capacidad de Rusia para mantener operaciones bélicas. En este contexto, también se han restringido aún más las sanciones financieras.

Los críticos sostienen que, con el tiempo, las relaciones comerciales son más efectivas que la confrontación o las sanciones. Creo firmemente en el progreso político y cultural que los seres humanos han logrado gracias al comercio con sus vecinos, desde la Edad de Piedra hasta hoy. Sin embargo, solo se puede concluir una transacción cuando ambas partes están de acuerdo en sus términos o, jurídicamente hablando, cuando hay oferta y aceptación. Sin embargo, la razón última para que ambas partes de cualquier contrato crean en los términos acordados es la seguridad jurídica. Ésta se basa en el concepto de que ninguna de las partes que disfruta de sus derechos derivados de un contrato deja de cumplir sus obligaciones derivadas de dicho contrato por negligencia grave o dolo. Y que, en caso de que ocurra tal cosa, habrá una junta de arbitraje o un tribunal independiente para impartir justicia sobre el asunto en cuestión. 

El lector se preguntará cómo se relaciona lo expuesto con la implantación de cambios a través de las relaciones comerciales. El derecho internacional, las constituciones nacionales, las constituciones regionales, los estatutos o los códigos civiles siguen el principio de la supremacía de la ley. Es decir, que ninguna persona, ningún grupo, partido o institución, incluido el gobierno, está por encima de la ley. Si se acepta esto, y sólo cuando se acepta, puede haber una interacción humana civilizada o relaciones contractuales. Los procesos de armonización legislativa son muy complicados, más aún si hablamos de tratados internacionales. Sin embargo, garantizar que la ley se respete y se aplique de manera imparcial y justa es la parte más difícil. 

Si intentamos trasladar el concepto de cambio a través del comercio a la vida diaria,  ¿compraría usted un coche a un vendedor que ha estafado a otros compradores, argumentando que cabe esperar que el comportamiento de este vendedor cambie por el mero hecho de que usted siga haciendo negocios? Todo el mundo preferiría esperar que la parte fraudulenta fuera demandada y condenada para que el delincuente y sus posibles imitadores se abstuvieran de repetir los intentos de engaño. Eso no tiene nada que ver con la venganza o emociones similares. 

Por todo ello, aceptando que la supremacía de la ley es la condición previa indispensable para la supervivencia de la civilización y la cultura, el reconocimiento mutuo de derechos y obligaciones en virtud de la misma debería ser un bien inalienable. En este contexto, las relaciones comerciales internacionales son, por supuesto, una palanca de cambio, pero ésta sólo desplegará su efecto de palanca cuando se aplique.