2014, un año de corrupción

Puesto en cifras, los números son mareantes. Los casos de corrupción superan los 1.600. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se juzgaron un total de 798 y en estos momentos hay más de 2.100 abiertos. De los cuales, 1.661 corresponden a causas que afectan a tipos penales vinculados con la corrupción contra los bienes públicos. Más de 300 son calificados por la institución como macro procesos, por el volumen de implicados en los mismos y por la especial complejidad de los hechos investigados.

El caso Bárcenas, que hace referencia a la supuesta financiación ‘b’ del Partido Popular surgió en 2013, pero sigue estando muy vivo. Tanto es así, que este año, el ex secretario general del PP y ex ministro Ángel Acebes, ha tenido que declarar en calidad de imputado frente al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según el auto de este juez, las obras de reforma de la planta baja de la sede del Partido Popular en la calle Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un desfase de 750.095 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

En Andalucía, una de las Comunidades con más procesos de corrupción abiertos, la situación en lugar de calmarse ha ido en aumento. En el caso de los ERE, el Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra Manuel Cháves y José Antonio Griñán, ambos ex presidentes de la Junta de Andalucía, contra el criterio de la jueza instructora, Mercedes Alaya. En cuanto a la trama sobre los Cursos de formación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha elevado a 3.000 millones el fraude de los cursos, un 50% más de lo que se calculó en un principio.

La familia Pujol es a la corrupción lo que Frank Costello a la mafia. No se entiende una cosa sin la otra. Sin duda han protagonizado algunos de los escándalos más sonados de 2014, después de que Jordi Pujol, el ‘patriarca’ y ex presidente de la Generalitat confesara públicamente que había mantenido un patrimonio oculto en el extranjero.

Actualmente hay cinco casos abiertos contra la familia. Jordi Pujol está implicado directamente en el caso Palau, por las comisiones ilegales de Ferrovial a CiU, y por la famosa herencia de su padre, que podría ascender a cuatro millones de euros. El hijo mayor, Jordi Pujol, está acusado de blanquear 33 millones de euros y de ingresos irregulares por sus empresas procedentes de la Generalitat. El hijo pequeño, Oleguer, está considerado como el cerebro financiero de la familia. Está acusado también de blanqueo de capitales. Se dedicaba al negocio inmobiliario donde ha movido operaciones por 3.000 millones de euros.

Otra familia que no está atravesando sus mejores navidades es la de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 19 años y seis meses de cárcel para el Duque de Palma y 16 años y medio para su ex socio, Diego Torres. Para la infanta Cristina ha pedido archivar el caso y que no se siente a declarar, aunque reconoce que se benefició de fondos ilícitos por lo que solicitó una fianza civil de 600.000 euros, que la Infanta ya ha depositado.

El juez instructor, por su parte, ha desechado la doctrina Botín y ha mantenido a la Infanta como acusada, lo que supone que finalmente se sentará en el banquillo de los acusados.

Dentro del caso Noos, este año ha destacado también la figura de Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de medio ambiente. El político entró en prisión el pasado mes de julio, por delitos de malversación, cohecho y prevaricación. Ahora, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 11 años de prisión para el ex presidente balear, por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Urdangarin.

Otras de las tramas que más novedades están teniendo estos últimos meses del año, son la operación Malaya, por la cual tanto Maite Zaldívar como Isabel Pantoja han terminado entrando en prisión para cumplir sus penas por blanqueo de capitales; y la trama Gürtel, uno de los entramados más complejos que se instruye en la Audiencia Nacional, destapado en el año 2009 y que se ha llevado por delante a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha presentado su dimisión recientemente.

El magistrado del caso, Pablo Ruz, ha considerado que la actual ministra de Sanidad fue partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudieron haber obtenido por los hechos delictivos atribuidos a su ex marido, Jesús Sepúlveda, imputado en la causa.

Este mismo juez ha sido el encargado de la investigación de Caja Castilla la Mancha, la primera caja de ahorros en caer en 2009. Sus responsables pueden ser los primeros en pagar por el hundimiento del sistema financiero. De hecho, Ruz ha decretado una fianza individual de responsabilidad civil de 138,2 millones para los exresponsables de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, en el auto previo a la apertura del juicio oral. Se enfrentan a dos años y medio de prisión.

Por otro lado, Carlos Fabra, el ex presidente de la Diputación de Castellón, ha entrado ya en la prisión madrileña de Aranjuez para cumplir la pena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Castellón. El ex presidente defraudó a la Hacienda Pública 693.000 euros en cuatro ejercicios fiscales.

Pero si hablamos de defraudar, los reyes son los ex directivos de Caja Madrid. Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Ambos han sido los principales acusados por el escándalo de las Tarjetas ‘Black’ u opacas, mediante las cuales 86 ex consejeros y directivos de la Caja gastaron más de 15 millones de euros en compras personales. Algunos de los políticos, sindicalistas y empresarios que hicieron uso de estos sueldos ‘en diferido’, terminaron dimitiendo y dejando su partido político.

Y en cuando a la dimisión de políticos, este año 2014 nos deja el escándalo más importante de los últimos tiempos a nivel municipal y regional: la Operación Púnica.

Esta operación ha sacado a la luz a una trama de empresarios que conseguían contratos en varias Administraciones públicas, como la Comunidad de Madrid. A cambio pagaban comisiones y regalos. En total fueron más de 50 los detenidos en Madrid, Murcia y León. El juez los imputa varios delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos.

El ex senador del PP, ex alcalde de Valdemoro y número tres del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, Francisco Granados es supuestamente el eje de la trama, la persona que "engrasaba el funcionamiento de la red mediante sus contactos políticos". Su mano derecha, era el empresario y ‘conseguidor’ de la trama, David Marjaliza.

Corrupción internacional

A nivel internacional también este 2014 ha sido un año sobresaliente en corrupción. Recientemente, José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, ha sido detenido a raíz de una investigación por fraude fiscal, blanqueo de dinero y corrupción. La operación se centra en las actividades bancarias y transferencias de origen desconocido pero, según el fiscal, no tiene ninguna relación con la operación que se está llevando en torno al Banco Espirito Santo.

Esta entidad también se ha visto salpicada por dudosa legalidad en sus cuentas, después de que una auditora revelaba que se encontraba en una situación financiera grave con posibles irregularidades contables importantes.

Los problemas han terminado de estallar por más que posibles delitos financieros. El Banco de Portugal obligó a dimitir al presidente de la entidad, Ricardo Salgado, tras desvelarse que un banco angoleño del holding tenía un agujero de 5.700 millones, que sumaba a la alerta de la auditora.

Al otro lado del charco, en concreto, en Brasil la corrupción ha salpidaco a una de las empresas más importantes del país. Petrobras, ha hecho tambalear los cimientos del país. El caso, que incluye sobornos a políticos para conseguir contratos, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas o cuentas bancarias saqueadas, ha salpicado incluso a Dilma Rousseff, ya que formaba parte del consejo de administración de la compañía. 

La corrupción en la mayor empresa pública de Brasil salpicó de lleno en la campaña de Russeff cuando se conoció que varias constructoras socias de Petrobras pagaban un 3% de sus contratos a una red para sobornar a políticos.