La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) colocó casi 20 millones de euros de cuotas participativas entre inversores minoritarios en 2008, justo dos meses antes de que estallara la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers. La entidad ya se encontraba en apuros económicos por la elevada exposición al ladrillo. La caja, hoy integrada […]
Dirigentes Digital
| 18 mar 2016
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) colocó casi 20 millones de euros de cuotas participativas entre inversores minoritarios en 2008, justo dos meses antes de que estallara la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers. La entidad ya se encontraba en apuros económicos por la elevada exposición al ladrillo. La caja, hoy integrada en Banco Sabadell, decidió emitir este tipo de activos equivalentes a acciones.
Un 65,5% de las cuotas (32,7 millones de títulos) se colocó entre minoritarios. Estos clientes debían realizar una inversión mínima de 3.000 euros. Teniendo en cuenta estas cifras, algo más de 60.000 minoristas, la mayoría clientes de la CAM, se hicieron con estos títulos. La CAM colocó otro 31% de los títulos (15,5 millones) entre inversores cualificados. 1,75 millones de cuotas se destinaron a empleados de la entidad.
En el auto, la jueza señala que si bien se publicó un folleto informativo en el que se explicaba en qué consistía el producto y los riesgos, éste se distribuyó a través de una circular interna en la que se incluía la necesidad de realizar un test de idoneidad que "se diseñó y realizó de manera irregular".
Lamela dice que los estados financieros incluidos en el folleto de emisión de 2007 reflejaban con fiabilidad la situación de la entidad, según los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los peritos del Banco de España. La jueza argumenta que la CNMV participó activamente en la elaboración del folleto informativo, "siendo correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los inversores. De la misma manera no consta que la CNMV detectara ninguna irregularidad relevante".
La jueza deja abierta la puerta para los inversores que adquirieron cuotas entre marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, momento en el que se anunció la intervención pública en la CAM.
Por su parte, la magistrada ha propuesto que se someta a juicio la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada, y propone juzgar por estos hechos a los ex directores generales de la entidad Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco, acusados de estafa por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Además, la jueza considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y Banco Sabadell.
