La decisión del Tribunal Supremo de dar la razón a los pequeños inversores en la salida a bolsa de Bankia ha obligado a la entidad a replantearse su estrategia judicial para afrontar la avalancha de demandas civiles que se le vienen encima. Hasta ahora el banco dirigido por José Ignacio Goirigolzarri había recurrido las sentencias […]
Dirigentes Digital
| 05 feb 2016
La decisión del Tribunal Supremo de dar la razón a los pequeños inversores en la salida a bolsa de Bankia ha obligado a la entidad a replantearse su estrategia judicial para afrontar la avalancha de demandas civiles que se le vienen encima. Hasta ahora el banco dirigido por José Ignacio Goirigolzarri había recurrido las sentencias en primera instancia que le obligaban a devolver el dinero invertido, que habían sido la gran mayoría.A 31 de diciembre de 2015, había recibido 76.546 demandas civiles, por un importe de 829,9 millones. La propia entidad ha admitido que ha perdido el 95%. Pero el esfuerzo por contener el impacto económico ha disparado los costes judiciales.
En la pasada presentación de resultados, la entidad informó que los gastos judiciales ascendían 500 millones de euros. El propio presidente de la entidad admitía la posibilidad de abrir un sistema devolución fuera del proceso judicial ante el elevado coste que estaba suponiendo. Pero lo condicionó al conocer el detalle de la sentencia del alto tribunal sobre el rechazo de las alegaciones del banco a dos demandas de anulación de la inversión en la salida a bolsa. El máximo órgano judicial afirma que el folleto de la salida a bolsa tenía "graves inexactitudes que habrían disuadido de realizar la inversión a los pequeños inversores". Además, cerraba la puerta a las reclamaciones de los inversores institucionales en la operación por disponer de mayores herramientas para conocer la situación real del banco cuando se lanzó la operación.
En la operación el banco captó 3.000 millones de euros, de los cuales 1.200 millones se cubrieron con el tramo institucional. Con lo que impacto de materializarse en demandas la totalidad de la inversión minoritaria quedaría limitada a 1.800 millones, más costes legales. Actualmente, la entidad tiene provisionado 1.840 millones.
