Brasil revela un déficit fiscal un 14,5% mayor del estimado

Días después de que el Congreso archivó la denuncia de la fiscalía general de la Nación contra el presidente de la República, Michel Temer, Brasil recibió esta semana la noticia de que sus cuentas están aún más desajustadas que lo previsto por el propio Gobierno. El 15 de agosto, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, fue al encuentro de la prensa para revelar que el “rombo” (déficit fiscal primario) de 2017 será de 43.000 millones de euros. El cálculo anterior era de 37.450 millones de euros. Es decir, el agujero ahora es de 5.550 millones euros más (equivalente al ajuste que Bruselas le exige a España para ajustar, en 2018, su déficit al 3,1% del PIB). Cálculos a la baja Ese aumento de los números rojos -del 14,5%- se debe a que la recaudación de este año ha sufrido una caída “sustancial”, dijo Meirelles. Hacienda esperaba recaudar 371.600 millones de euros en el ejercicio 2017 y obtuvo, en cambio, 360.192 millones. Para 2018, los cálculos siguen la misma línea, a la baja: el ministro (que fue artífice del “milagro brasileño” en la década pasada) dijo que la recaudación ahora podrá estar en 398.500 millones de euros, es decir 13.650 millones menos de lo que estimaba al asumir su puesto en el equipo de Temer. Tras el anuncio, Standard & Poor’s (S&P) retiró a Brasil de su lista “CreditWatch” (vigilancia de créditos), aclarando que mantiene su nota en BB (dos grados por debajo del grado de inversión) con perspectiva negativa. Política y economía La recesión de Brasil viene de 2015, cuando el país entró en crisis política y económica después de haber vivido una década de crecimiento del PIB que llegó al 7,5% en su mejor año, en 2010. En 2016 hubo un juicio político que terminó con la destitución de Dilma Rousseff (centro-izquierda), acusada de irregularidades contables, y el ascenso de Temer (centro-derecha) a la cabeza de un equipo que se propuso “ordenar el país”. Con 8 trimestres seguidos de hundimiento económico y revelaciones de venalidad de la clase política y empresarial a diestra y siniestra, el Gobierno actual intenta encauzar a cerca de 210 millones de brasileños -14 millones de los cuales están en el paro- hacia octubre de 2018, cuando habrá elecciones presidenciales. Frente a esta evidencia de descalabro en las cuentas, Hacienda afirma que no aumentará los impuestos ni creará gravámenes para disminuir el déficit. Ha dejado abierta, sin embargo, la posibilidad de recortar gastos en la lista de compromisos públicos, una nómina que está en la mira judicial debido a numerosas sospechas de desvíos de fondos y sobrefacturación. A diferencia de países vecinos, como Argentina o Venezuela, no existen en Brasil indicadores de insurgencias populares o convulsión social frente a tales planes.