En el debate sobre el crecimiento de la desigualdad provocado por la crisis económica, la Comisión Europea ha tomado partido incluyendo un serio aviso en las recomendaciones específicas para España sobre políticas sociales. En estos momentos, el foco está en el cumplimiento de los objetivos de déficit para 2016 y 2017 y si al final […]
Dirigentes Digital
| 31 may 2016
En el debate sobre el crecimiento de la desigualdad provocado por la crisis económica, la Comisión Europea ha tomado partido incluyendo un serio aviso en las recomendaciones específicas para España sobre políticas sociales. En estos momentos, el foco está en el cumplimiento de los objetivos de déficit para 2016 y 2017 y si al final España será multada por el incumplimiento de 2015. Pero el Ejecutivo comunitario también está preocupado por el excesivo nivel de paro y de desigualdad. Por ello entre las recomendaciones para corregir los desequilibrios económicos apunta a la necesidad de "corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluyendo el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad".
Aunque admite avances, "la eficacia de los subsidios familiares y de vivienda para la reducción de la pobreza sigue siendo limitada, y la falta de servicios de guardería y de cuidados de larga duración adecuados y asequibles disuade a las mujeres, en particular, de incorporarse al mercado laboral". Para la Comisión uno de los problemas es la desigualdad entre los servicios y cuantías que ofrece cada Comunidad Autónoma.
Además, insiste en "mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales". La aplicación de las recientes reformas de las políticas activas del mercado de trabajo está avanzando lentamente y la capacidad de los servicios públicos de empleo para ofrecer ayuda y una orientación individualizada efectiva en la búsqueda de empleo sigue siendo limitada, al igual que la cooperación entre los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas y las agencias de colocación privadas, dice la comisión.
Estas recomendaciones no son obligatorias, ni incluyen sanciones, como en el caso del incumplimiento del déficit, "pero son tenidas en cuenta cuando se evalúan posibles sanciones", comentan fuentes de la Comisión.
