Los funcionarios del Banco de España acusan a los 86 ex
directivos que poseyeron las famosas tarjetas black de no declarar los gastos a la Agencia Tributaria y de ocultarlas. "No es precisa una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo". "Todos los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de distinta índole".
El uso de las tarjetas supuso un incumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, "al no encajar estos gastos ni como asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno ni como indemnizaciones por los perjuicios que la participación efectiva en los mismos podría haberles provocado".
En el análisis pericial señala que en el uso de las tarjetas había una clara voluntad de ocultación por parte de los consejeros al no tributar por ellas y por parte de la propia entidad al evitar que aparecieran en las auditorías internas desde 1999 hasta 2012, cuando se utilizaron. Solo se tiene constancia de las mismas los controles internos de Bankia durante este año, momento en que lo pusieron en manos del Frob y éste lo envió a la Fiscalía Anticorrupción.
Según los peritos, esta remuneración nunca fue trasladada a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Caja Madrid, ni aparecía en las memorias anuales, ni en los informes de Gobierno Corporativo. Tampoco apareció reflejada en la publicación individualizada de las remuneraciones de consejeros y miembros del Comité de Dirección que se realizó el 30 de diciembre de 2001, en cumplimiento de una circular del Banco de España.
El escándalo de las tarjetas black terminó con múltiples dimisiones de los ex consejeros en sus actuales cargos de responsabilidad. Además, de declarar como imputados a Rodrigo Rato y Miguel Blesa, ex presidentes de Caja Madrid, por ser presuntos responsables de permitir estas prácticas.
