"Sr. Ministro,

En nuestro afán por defender los derechos del consumidor, el pasado mes de junio presentamos un estudio en el que analizábamos la política de comisiones que las entidades financieras aplican a los consumidores por el uso de tarjetas. Nuestra iniciativa quería seguir el ejemplo de países como el Reino Unido, donde hace ya 14 años, el propio Parlamento realizó una investigación similar (el informe Cruickshank) que permitió conocer que dichos cobros se aplicaban de una manera totalmente desequilibrada e injusta para el cliente. Gracias a ese análisis de la Cámara británica, hoy en día los consumidores de este país no pagan comisiones por sacar dinero de los cajeros.

El informe que elaboramos nos permitió llegar a varias conclusiones. En primer lugar, que las cuotas y las comisiones de las tarjetas bancarias aportan a la banca unos ingresos de 3.266 millones de euros, una cifra que cuadruplica el coste total del mantenimiento del parque de cajeros en España, que a día de hoy asciende a 840 millones de euros. Este desequilibrio contrasta con el actual marco normativo, que determina que la banca puede fijar libremente sus comisiones, pero siempre que correspondan a unos gastos habidos. A nuestro juicio, que la facturación por estos cobros multiplique los costes de prestar el servicio entra dentro del terreno de lo abusivo.

Por si esto fuera poco, nuestro análisis arroja otra conclusión alarmante: las entidades financieras han aumentado las cuotas y comisiones de las tarjetas bancarias de forma generalizada desde 2005. En concreto, han aplicado una subida de hasta el 167%, un encarecimiento que no corresponde ni con la evolución del IPC ni con la de los costes laborales.

En cuanto a su impacto social, nuestro estudio revelaba que la actual política de comisiones perjudica claramente a los ciudadanos con menos recursos económicos. La actual política de comisiones que se aplica en nuestro país, por la que se cobra un porcentaje del importe extraído, partiendo de un mínimo en euros, provoca que un consumidor en riesgo de pobreza abone cada año 86 euros por sacar dinero del cajero, mientras que el usuario medio paga casi la mitad: 45 euros.

En este sentido, el informe añade que, desde el inicio de la crisis, el número de personas sin acceso a un cajero automático ha aumentado un 11,9% (al pasar de 996.856 a 1.115.045) y que más de 4,3 millones de españoles podrían quedarse sin acceso a estos dispensadores a corto y medio plazo. Este progresivo aumento de los ciudadanos que quedan excluidos del acceso a estos servicios presenta fuertes desequilibrios regionales y ha afectado especialmente a la Comunidad de Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana.

Esta grave problemática, más allá de limitarse al plano nacional o autonómico, sitúa a los ciudadanos españoles a la cola de Europa en lo que al pago de comisiones por tarjetas se refiere. En una comparativa con los países de nuestro entorno, nuestro análisis determina que los consumidores españoles pagan las comisiones más altas de la Unión Europea por retirar dinero fuera de su propia entidad: unos 2,5 euros, frente a los 1,4 euros que se abonan de media, es decir, un 78,6% más. Además, destaca que España figura entre los estados con mayor probabilidad de sacar efectivo pagando una comisión (en torno al 50%) y que es el único de los países analizados donde los bancos publican las comisiones máximas, en lugar de las que realmente aplican.

Esta situación es el resultado de una serie de factores que se han retroalimentado a lo largo del tiempo. Por un lado, la normativa actual no resulta suficiente para proteger al cliente bancario puesto que deja en manos de bancos la fijación de las comisiones y solo exige que esos gastos respondan a servicios prestados o gastos habidos, sin aclarar cómo se valorarán o controlarán estos criterios. Además, la legislación cuenta con lagunas en materia de transparencia informativa y la complejidad del sistema de comisiones deja en desventaja al consumidor.

A todo ello se suma una evidente ausencia de acción gubernamental o pública, que en otros países ha posibilitado avances hacia una situación más justa. Además, la falta de iniciativa por parte del sector y su escasa autorregulación han contribuido a que se agraven los desequilibrios provocados por el actual sistema de comisiones.

Ante esta situación, desde Kelisto.es solicitamos que se tomen varias medidas que, en gran medida, son responsabilidad del Ministerio que usted mismo dirige.

1. Investigar el sistema de comisiones e introducir las modificaciones legislativas pertinentes.

Las autoridades públicas deberían investigar de manera urgente si las cuotas y comisiones están o no ajustadas a derecho, en particular, al ordenamiento jurídico vigente en materia de competencia y protección del cliente bancario. Como resultado de esta investigación, se debería modificar y/o ampliar la legislación vigente en materia de comisiones de forma que se garantice que las relaciones entre bancos y clientes se basan en la transparencia y que existe un equilibrio en la capacidad de negociación de cada una de las partes.

2. Aumentar la transparencia.

Para ello, solicitamos que se inste a las entidades de crédito a que publiquen las comisiones efectivamente aplicadas (en lugar de las máximas) y que se cree un comité de análisis y seguimiento de las comisiones: preferiblemente, debería estar formado por representantes del Banco de España, Competencia y otras entidades públicas implicadas, las entidades de crédito, las redes de cajeros y las asociaciones de consumidores.

Además, se debería divulgar, al menos con carácter anual, información sintética de fácil interpretación sobre el importe y la evolución de las comisiones de las tarjetas bancarias, y sobre los ingresos que generan dichas comisiones y el coste que supone para la banca el mantenimiento del parque de cajeros.

3. Promover la reforma del sistema de comisiones de las tarjetas de débito. 

Un sistema de comisiones justo para ambas partes, que atenúe las desventajas de información y poder de negociación del cliente, tendría la siguiente estructura: por un lado, una cuota anual que refleje la parte proporcional de los gastos reales que la entidad asume por prestar el servicio (disponer de efectivo en cajeros), y que se actualice anualmente en función del IPC. Por otro, comisiones cero por retirada de efectivo en cajeros del territorio nacional.

Para impulsar este cambio, desde Kelisto.es hemos iniciado una campaña de recogida de firmas, a la que ya han mostrado su adhesión casi 700 ciudadanos. A ellos se ha sumado una de las organizaciones de consumidores más relevantes del país, CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), con la que hemos firmado un convenio de colaboración para impulsar que las administraciones y organismos de control tomen medidas frente a los desequilibrios que genera el actual sistema de comisiones.

Por todo ello, y por las preocupantes conclusiones que pone de manifiesto nuestro estudio, le solicitamos una respuesta oficial a nuestras peticiones que nos permita conocer si el Ministerio de Economía y Competitividad se plantea actuar para acabar con las comisiones abusivas de las tarjetas bancarias."