A finales del pasado año, el Banco de Portugal decidió traspasar cinco bonos, con un valor nominal de unos 2.000 millones de euros, de Novo Banco a BES, en su intento por rescatar la entidad. Y la reacción no se hizo esperar, con un gran número de carteras de inversores en fondos y sicavs sufriendo […]
Dirigentes Digital
| 05 abr 2016
A finales del pasado año, el Banco de Portugal decidió traspasar cinco bonos, con un valor nominal de unos 2.000 millones de euros, de Novo Banco a BES, en su intento por rescatar la entidad. Y la reacción no se hizo esperar, con un gran número de carteras de inversores en fondos y sicavs sufriendo incidencias en el valor liquidativo de estos productos que contaban con uno o más de estos cinco ‘bonos tóxicos’.
En concreto, el producto de Cartesio afectado es el fondo de inversión Cartesio X. La firma recuerda cómo el pasado 29 de diciembre de 2015, el Banco de Portugal acordó traspasar una parte de la deuda senior de Novo Banco a Banco Espirito Santo (BES), con la consecuencia de que el valor de cotización en mercado del bono NovoBanco 2,625% 08/05/2017 mantenido en la cartera del fondo sufrió una drástica disminución "que ha supuesto un impacto negativo en el valor liquidativo del producto de un 1,29%".
Según indican desde la firma, "actuando en el mejor interés de los partícipes, la gestora ha decidido adherirse a las acciones legales contra la mencionada decisión del Banco de Portugal, que determinadas entidades gestoras españolas de IIC igualmente afectadas han decidido emprender conjuntamente, para lo que se han contratado los servicios del despacho español Ramón & Cajal y de la firma portuguesa Aberu Abogados".
Cartesio se refiere a otras demandas interpuestas por firmas como Mutuactivos, BlackRock o Pimco, también afectadas negativamente por la caída del valor del bono de Novo Banco.
La firma indica a sus clientes que los costes de asistencia legal serán imputados a Cartesio X, pero tales gastos no tendrán un impacto material en su valor liquidativo. "La gestora se dotará de un procedimiento para analizar el eventual impacto que la posible recuperación de los importes reclamados pueda tener en la equidad de los partícipes con el fin de evitar inequidades graves", indican desde la firma en el hecho relevante firmado por Juan Antonio Bertrán Damián, socio fundador y consejero delegado de la firma.
