A primera hora de la mañana un amplio despliegue policial protegía a dos furgonetas que se disponía a entrar en la fábrica de la embotelladora de Coca Cola, una decena de trabajadores de la planta que están afectado por el ERE de la empresa han tratado de evitarlo como en días pasados. Se han vivido momentos de tensión entre los empleados y las fuerzas de seguridad que han terminado cargando. La intervención se ha saldado con varios heridos leves y un detenido.
Según varios trabajadores, la compañía ha pedido al Gobierno que escolten a los operarios para comenzar a desmantelar la planta. La Policía tiene acordonado los accesos a la fábrica, mientras casi un centenar de trabajadores montan guardia al lado de las unidades desplegadas. Desde las ocho de la mañana, los trabajadores que tienen un campamento en una de las entradas de la fábrica se han visto obligados a abandonar el recinto.
El pasado mes de junio la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE que afectó a casi 1.200 trabajadores. La sentencia fue recurrida por Coca Cola Iberian Partners, pero cinco meses después obligaba a la compañía a que la ejecutase con la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo y a pagarles los salarios de tramitación.
En Fuenlabrada están afectados más de 300 trabajadores. Santos, uno de ellos, cree que la actuación de la compañía incumple la sentencia. Teme que la compañía desmonte la fábrica para que cuando se pronuncie el Tribunal Supremo no haya centro de trabajo donde reincorporarse los trabajadores. Denuncia que están sin cobrar desde hace dos meses, a pesar de que la Audiencia obliga a la empresa a pagarles sus salarios. "Hay compañeros y compañeras que lo están pasando fatal, lo que están intentando es ahogarnos económicamente".
La empresa ha ofrecido a los trabajadores la recuperación de sus puestos de trabajo pero en otros centros. "A mí y a otros compañeros nos han enviado cartas diciéndonos que nos readmiten pero en Bilbao o en Valencia", dice Santos. Fuentes sindicales afirman que según como recoge la sentencia los trabajadores deben reincorporados pero en el mismo centro de trabajo y en las mismas condiciones que tenían.
Hasta la planta se ha desplazado la candidata de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, para dar su apoyo a los trabajadores. "El Gobierno ha ordenado a la Policía incumplir una sentencia judicial, cuando lo que debe de hacer es hacer cumplir la ley y garantizar que los trabajadores recuperan su puesto de trabajo", ha dicho. "El Gobierno está permitiendo que se desmantele la fábrica para que el Supremo diga que como no hay fábrica los trabajadores tienen que ser disgregados por narices", ha explicado, y ha añadido que "es una vergüenza que una empresa privada pueda imponer su decisión a un Gobierno en contra de la decisión de la justicia. Es un precedente lamentable".
