Una vez que han hablado los británicos a través de las urnas es el turno del primer ministro, David Cameron. El dirigente ya ha explicado en varias ocasiones que en caso de ganar el Brexit, tal como ha sido, enviará una carta a sus homólogos europeos indicando el resultado del referéndum y pedirá la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Está previsto que los líderes europeos accedan a iniciar los trámites lo antes posible. Por lo menos desde el Reino Unido quieren que se hagan de inmediato. La próxima semana se celebrará la cumbre europea el 28 y 29 de junio en Bruselas, y puede ser el momento para que se active la desconexión.
El gran problema es que el artículo 50 del Tratado no establece una hoja de ruta del procedimiento de salida, haría falta una negociación entre el Reino Unido y la Unión sobre las condiciones en que se llevaría a cabo la retirada y el marco de sus relaciones futuras.
Corresponde al Consejo de Ministros adoptar, por mayoría cualificada, el acuerdo de retirada en nombre de la Unión, previa aprobación del Parlamento Europeo (PE). El artículo 50 del TUE prevé que cuando haya un acuerdo, los tratados dejarían de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, o en su defecto a los dos años de la notificación.
Las negociaciones serían tan complejas que probablemente requerirían más de dos años, algo que podría complicar las cosas, ya que la extensión de ese plazo necesitaría un acuerdo unánime del resto de países miembros del Consejo, con la posibilidad de que alguno ponga pegas.
Mientras se desarrolla el procedimiento de salida, la UE seguiría funcionando y adoptando decisiones. Pero el Reino Unido no participaría en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros que le afecten.
Con la retirada del Reino Unido, este país se convertiría en un tercer Estado frente a la Unión. Esto supondría, según los expertos, la pérdida de acceso al mercado interior para las
empresas británicas, y afectaría también a las relaciones económicas exteriores, la libre circulación o la recepción de fondos europeos.
