En palabras de Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados, "somos testigos que existe un gran interés por parte de jóvenes emprendedores, pymes, e incluso microempresas, de aplicar una abogacía preventiva en la organización, a pesar de su tamaño, debido a que entre sus principales objetivos está la sostenibilidad y la continuidad en el tiempo".

Es evidente que prevenir los conflictos antes que resolverlos en los tribunales, ahorra costes, tiempo y recursos. Estos problemas pueden surgir tanto en el aspecto interno de la empresa (entre otros, todos los relacionados con el área laboral), así como en el externo (revisión de contratos de clientes o proveedores), todos ellos inherentes a la gestión diaria de la empresa. Pero, además, cuando sea inevitable llegar a un litigio, la resolución se puede alcanzar más fácilmente si en el acuerdo extrajudicial, interviene un abogado.

En este escenario, la especialización que requiere el abogado de empresa es de Mercantil, Laboral y Administrativo, pero no tanto en el volumen de conocimientos, sino más bien la tendencia se inclina por la inteligencia y habilidad para encontrar soluciones eficaces y rápidas a los requerimientos legales de las pymes.

Por ello, el asesor del pequeño empresario debe poner de manifiesto los diferentes riesgos a los que se expondrá la empresa en un futuro, no con el ánimo de disuadir al emprendedor de su actividad, sino con el objetivo de gestionar tales riesgos y evitar que su eventual concreción pueda frustrar la actividad empresarial. "En este sentido, son habituales ciertos errores de planificación en las empresas que terminan por conducir al cierre definitivo de la misma. Por ello, para evitar un posible cierre de la actividad económica, resulta aconsejable adoptar ciertas medidas preventivas desde el principio", matiza Carlos Pavón.

En este contexto, es muy importante identificar correctamente los riesgos inherentes a la actividad que se pretende emprender, de forma que pueda planificarse una estructura societaria óptima que canalice tales riesgos. Así, no resulta aconsejable que la actividad empresarial se identifique en su integridad con una única sociedad de capital (sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada o autónomo por cuenta propia), dado que ello supone concentrar en una misma unidad el devenir futuro de las distintas actividades que vaya a desarrollar.

Esto es así porque puede ocurrir, en la práctica, que la empresa se vea obligada a prescindir, por ejemplo, de la actividad de distribución y pretenda subcontratar este servicio a un tercero, o bien que se asuma directamente por el cliente. En este proceso de reordenación de la actividad, la previsión de haber constituido en origen una sociedad independiente para su explotación permitirá que la sociedad de fabricación no se vea lastrada por el cierre de la actividad de distribución, continuando el ejemplo, de forma que se consigue diversificar el riesgo.

Por otro lado, cabe destacar como error habitual en el inicio y desarrollo de cualquier actividad empresarial, la escasa utilización de los mecanismos que prevé la normativa para la flexibilización del coste laboral y su adecuación al volumen de facturación. Así, muchas de las dificultades que ponen en riesgo la continuidad de las empresas suelen venir acompañadas por un sobrecoste laboral asociado a su consideración como coste fijo en la cuenta de resultados, de forma que una caída en las ventas no se ve acompasada por una reducción proporcional en la estructura de costes de las empresas. Para ello, la utilización de retribuciones variables a favor de los empleados permite incrementar su retribución cuando la empresa alcanza unos resultados positivos óptimos, mientras que una reducción en la facturación permitirá reconducir de forma proporcional el coste laboral hasta unos niveles adecuados.

"Estas medidas, a modo de ejemplo, ponen de relieve la necesidad de contar con un asesor jurídico que sepa anticiparse a los riesgos futuros de la empresa, adoptando las acciones necesarias para prevenir que éstos puedan conducir al cese definitivo de la actividad empresarial", añade Pavón.