El 71% de las empresas británicas consideran que su nivel de inversión en España no se verá afectado por el Brexit y los que creen que si habrá un posible impacto, aseguran que su magnitud será menor a la augurada justo después del referéndum. De hecho, solo una minoría de compañías se muestra pesimista (17%) […]
Dirigentes Digital
| 17 nov 2017
El 71% de las empresas británicas consideran que su nivel de inversión en España no se verá afectado por el Brexit y los que creen que si habrá un posible impacto, aseguran que su magnitud será menor a la augurada justo después del referéndum. De hecho, solo una minoría de compañías se muestra pesimista (17%) y ven poco probable que el Brexit conlleve a una deslocalización de su actividad en el país, a pesar de que si que podría ser un “factor determinante” para el conjunto de la Unión Europea en General. Estas son algunas de las conclusiones que arroja la tercera edición del Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) en colaboración con la Cámara de Comercio Británica en España que situó a Reino Unido en el séptimo lugar de países que más dinero destinaron durante el primer semestre de 2017, hasta un total de 1.895 millones. “El caudal inversor del Reino Unido en la primera mitad del año es similar a otros” señala el presidente de Afi, Emilio Ontiveros, siendo el inmobiliario, asegurador e ingeniería civil los sectores que más demanda han acaparado. Sin embargo, el stock de Inversión Directa Extranjera durante los 24 años se ha concentrado en las telecomunicaciones (16.000 millones), el tabaco (6.200 millones) y la energía (3.000 millones). También destacan otros mercados como los servicios financieros, el comercio mayorista e intermediación o la metalurgia. Desde el comienzo de la serie histórica en 1993, la inversión proveniente de las islas ha sido de 66.000 millones de euros. Una cantidad que “confirma la importancia” de la relación existente entre ambos países a pesar de la agitación política, según asegura el presidente de la Cámara, Christopher Dottie. En 2015, el país británico llegó a ocupar el segundo puesto en IED, representando el 12,8% de la inversión total en España, solo por detrás de Estados Unidos y un punto por delante de Italia. Esto se tradujo en 183.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un 1% del empleo total español. En términos de arcas públicas, la Tesorería General de la Seguridad Social recaudó 2.593 millones de euros. Durante el período de recuperación económica (2013-Junio de 2017), Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron las regiones que más dinero captaron, con 4.2147 millones, 845 millones, 735 millones y 555 millones, respectivamente. Las favorables expectativas de crecimiento unidas a la consolidación de la recuperación de la economía, contribuyen a crear una mejora en la percepción del clima de negocios en España para este año. aunque piden un mayor esfuerzo presupuestario en materia de I+D+i, ya que si bien ha aumentado, todavía es “mejorable”. En relación a los procesos de negociación para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, los encuestados consideran que no se está dando la prioridad que se debería a los aspectos económicos, siendo la libre circulación de personas y el libre comercio de bienes y servicios los aspectos que más les preocupan a la hora de negociar un nuevo marco económico entre España y Reino Unido. España podría quedarse sin fondos de cohesión Un documento interno elaborado por el departamento de Política Regional de la Comisión Europea (CE) y al que ha tenido acceso Efe, asegura que España podría perder la totalidad de los fondos de cohesión, unos 37.400 millones de euros, tras la nueva elaboración después del Brexit del nuevo marco financiero comunitario. En el informe se barajan tres posibles escenarios en esta partida después de 2020: continuar con la situación actual, un recorte del 15% o un recorte del 30%. El este último caso, -el más alejado-, el dinero se destinaría solo a los Estados miembros considerados “menos desarrollados” como los países del Este, Grecia y Portugal. España destina esta partida de gasto a temas relacionados con la integración social, el mercado laboral y facilitar el acceso a la financiación a pymes.
