Las cuentas de la Seguridad Social están cayendo en picado. El agujero año tras año se está haciendo cada vez más grande. Hasta el punto de que en 2015 rebasó los 13.500 millones, acumulando un déficit del 1,26% del PIB, el doble del presupuestado por el Gobierno. Cinco años de números rojos consecutivos está provocando que la base sobre la que recae todo el sistema de pensiones se tambalee. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, que garantiza las pensiones futuras se ha quedado tiritando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empezado a recurrir a él desde 2012.
Se ha convertido en norma que llegado julio y diciembre, el Ejecutivo eche mano de la hucha de las pensiones para hacer frente a la pagas extraordinarias de los pensionistas. En el año récord de empleo, 2015, el Gobierno necesitó 16.130 millones para afrontar las dos pagas de los pensionistas. En 2014, la cifra llegó a los 15.795. Durante la legislatura ha sacado 32.481 millones, dejando prácticamente a la mitad el colchón que garantiza el futuro de las pensiones. A diciembre de 2011, el fondo ascendía a 66.815 millones.
El motivo para este descenso hay que buscarlo en el impacto de la crisis económica en el mercado de trabajo rebajando los ingresos por cotizaciones. Pero llegada la recuperación del empleo, las cuentas no se han enderezado. En los dos últimos años se han creado casi 960.000 puestos de trabajo, pero son insuficientes para llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que el sistema llegó a registrar superávit. Además de que la creación de empleo está marcada por una mayor temporalidad y parcialidad que provoca que los ingresos por cotizaciones sean menores. En el último mes de abril, se necesitaron realizar diez contratos para ganar un afiliado a la Seguridad Social.
Pero lo peor son las previsiones. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se encarga de fiscalizar las cuentas del Estado, la hucha de las pensiones se podría agotar a finales de 2018 si no se toman medidas drásticas. Los Presupuestos para este año contemplan un nuevo déficit del 0,6% del PIB en la Seguridad Social, más de 6.000 millones de agujero que tendrá que ser de nuevo soportado por el fondo. Cualquier desviación del déficit será un nuevo zarpazo a la hucha de las pensiones. De mantenerse el actual ritmo de disposición los 32.000 millones estarían agotados en tres años.
La situación empuja a una nueva reforma del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno de Zapatero alargó la vida laboral hasta los 67 años, aumentando el periodo de cálculo de las pensiones y reduciendo el peso en la cotización anual. En la siguiente de 2013, con Rajoy, se adoptó la desvinculación de las pensiones al IPC para que tuviera una revalorización mínima del 0,25%. Ambas iban destinadas a reducir el gasto a corto y medio plazo.
Propuestas para la reforma
Las dos reformas de las pensiones realizadas en 2011 y en 2013 iban encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, centrándose en el gasto. La doble vuelta de tuerca en las pensiones se produjo primero con el alargamiento de la vida laboral, con el aumento del periodo de cálculo de las pensiones y la reducción del peso en la cotización anual, y segundo, con el recorte nominal que ha supuesto la revalorización obligatoria del 0,25%. Pero la lenta recuperación del empleo hace necesario más medidas inmediatas. José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de Fedea, además de formar parte de la comisión de expertos que asesoró al Gobierno en la última reforma del sistema de pensiones, afirma que se ha garantizado la sostenibilidad de las pensiones, pero a costa de prácticamente congelarlas, imponiendo una subida del 0,25% en la medida que los ingresos sean inferiores a los gastos, pero advierte que tan pronto como la inflación se situé en el 2%, el objetivo del BCE, nuestros pensionistas perderán un mínimo 1,75% de poder adquisitivo cada año.
Un reciente estudio de Funcas ya advertía que la cuantía de las pensiones se reducirá un 35% en un futuro, aminorando el gasto para la Seguridad Social, pero su autor Ignacio Zubiri advertía que había que adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sin cargar el coste a los pensionistas. Para ello propone nuevas vías de financiación como recurrir a impuestos directos, además de elevar los tipos en las cotizaciones. Igualmente, se podría potenciar el Fondo de Reserva emitiendo deuda en el futuro.
A pesar de estar en plena precampaña electoral, los partidos políticos no obviaron la delicada situación del sistema de la Seguridad Social y las principales formaciones llevaron en su anterior programa propuestas para reformar las pensiones. Conde-Ruiz señala que las iniciativas se mueven entre sistemas asistenciales que buscan los sistemas contributivos que permitan flexibilidad total en la edad jubilación, al mismo tiempo que se consideran todas las cotizaciones realizadas.
