Después de que el déficit se disparara en 2015 por encima del 5%, nadie confía que España cumpla para este ejercicio. El objetivo comprometido con Bruselas, todavía es más exigente, fijado en el 2,8%. A lo que se une la ausencia de Gobierno. Cumplir con el compromiso supone ajustar en más de 20.000 millones, que sería el salto del 5,16% del PIB al 2,8%. La Comisión Europea espera que el déficit se sitúe en el 3,6%, es decir, ocho décimas más de lo previsto, debido a los presupuestos “irreales” que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero la realidad puede superar las peores previsiones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que observa y analiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, estima, con los datos disponibles y teniendo en cuenta las proyecciones de los presupuestos generales del Estados, que el déficit puede superar el 4,5% del PIB, es decir, acercarse a una desviación de dos puntos porcentuales que supondrían, un ajuste necesario de más de 20.000 millones en un solo año para cuadrar los gastos con los ingresos.
Los expertos consideran que la Administración Central no tendrá problema para reducir su déficit en un 0,5% del PIB para alcanzar el objetivo del 2,2%, gracias a la recuperación económica por el incremento de la recaudación fiscal y reducción de los intereses de la deuda pública, con lo que considera que la meta es “relativamente poco exigente”.
Tampoco ve problema para que los ayuntamientos cumplan holgadamente el objetivo de equilibrio presupuestario. La mayor parte de la desviación será responsable la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.
Las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de prohibición del gasto supondrá un ajuste de cerca de 7.000 millones, pero serán insuficientes para reducir su déficit en un 1,4% del PIB para cumplir con el objetivo de estabilidad. De acuerdo con los datos presupuestarios, la mitad de esta reducción vendría dada por el aumento respecto al año anterior de los recursos vinculados al sistema de financiación autonómico puesto que el cumplimiento de la regla de gasto obliga a un superávit en el conjunto del subsector en línea con lo ocurrido en los tres últimos ejercicios. Otras dos décimas del PIB de ajuste vendrían dadas por la no recurrencia en 2016 de operaciones realizadas en 2015 referidas a inversiones, sentencias y parte del coste de entrada del tratamiento de la hepatitis C. El cumplimiento de la regla de gasto, no obstante, exigiría una reducción adicional de en torno al 0,3%, en la medida que en algunas CCAA el déficit exigido por el cumplimiento de esta regla es inferior al objetivo de estabilidad fijado por la favorable evolución de los recursos tributarios, la disminución del gasto por intereses de la deuda pública y la posible incorporación del superávit que en los últimos ejercicios han registrado los organismos autónomos.
La mayor desviación prevista por los expertos está en la Seguridad Social. Tienen que reducir su déficit en un 1% del PIB para poder cumplir con el objetivo del 0,3% fijado para 2016, pero la amplia desviación en 2015, siete décimas de PIB, y el poco realismo de las previsiones de ingresos por cotizaciones de los presupuestos de 2016 provocará que el déficit se sitúe entre el 1,4% y el 1,9%.
