El doble juego con MiFID II

"Retrasar MiFID hasta 2018 podría no ser suficiente". Son declaraciones que esta misma semana realizaba el presidente de ESMA, Steven Maijoor, en una entrevista concedida a Reuters. Y que evidencian las dificultades para poner en marcha una norma prevista inicialmente para enero de 2017.

El principal problema que argumenta Maijoor es la enorme complejidad técnica que suponen los cambios en los sistemas de IT de las entidades y los mercados. Pero todo el mundo es consciente de que el problema va más allá de esas "complejidades técnicas". Primero, por una cuestión meramente política, ya que es el Parlamento Europeo y los estados miembros quienes tienen su poder la decisión definitiva del retraso.

Incluso las recomendaciones sobre las normas técnicas de regulación propuestas por ESMA chocan frontalmente con diversos miembros del Comité Consultivo del propio regulador, así como con varios estados miembros.

Desde hace meses, conscientes de la cercanía de la fecha, la banca, especialmente de algunos países, ha ejercido una fuerte presión para retrasar una norma que va a obligar a las entidades a diferenciarse entre independientes y no independientes, en un intento por hacer más transparentes los costes en el negocio del asesoramiento financiero.

Son precisamente los bancos quienes podrían salir más perjudicados por esta transparencia de costes, al verse obligados a informar a sus clientes de todas las comisiones que rodean a los productos que comercializan. Por eso, son a los que más les interesa el retraso de la directiva, que podría conllevar además un ‘aligeramiento’ en algunos de sus puntos clave. De hecho, la implementación de normativas financieras en la Unión Europea tras la crisis ha estado plagada de disputas políticas entre las distintas instituciones, generando a su vez más incertidumbre entre los participantes del mercado. Numerosos parlamentarios han mostrado en repetidas ocasiones su descontento con las normas técnicas de ejecución propuestas por ESMA para MiFID II, alegando que se han suavizado respecto a las originales.

El doble juego con MiFID II también se observa claramente en las entidades de asesoramiento financiero, conscientes del impacto por la ‘prohibición’ del cobro de retrocesiones, pensado para evitar posibles conflictos de interés para los que recomiendan productos que mayores incentivos generan, aunque no sean los más adecuados para sus clientes. Los que prefieren ver el lado bueno, recuerdan que MiFID II trae consigo una mejora en la información al cliente. Y también en la innovación de las entidades. La pregunta ahora es, ¿será suficiente para evitar un retraso de la directiva más allá de 2018?