La Fiscalía acusa a Español y seis directivos más de un delito continuado de estafa por simulación de contrato, otro de apropiación indebida, un tercero de administración desleal, así como un cuarto de falsedad documental.

 

Parte de los acusados son el exdirector general corporativo, Aurelio González-Isla, el exdirector financiero, Carlos José Sanz, y el exdirector de operaciones, Sinforiano Sisniega. Los directivos simularon la producción de 58.450 toneladas de PET y crearon contratos fantasmas con compañías controladas por ellos.

La estafa consistía, según el ministerio público, en que los acusados revendían la falsa materia prima a varias sociedades que controlaban para finalmente revenderlas a La Seda a un precio superior, con lo que le provocaron a la compañía un perjuicio económico calculado en 4,3 millones de euros.

 

Rafael Español tiene pendiente otra causa abierta por La Seda en la que la fiscalía le acusa de desviar fondos de la compañía por valor de 12,2 millones entre 2006 y 2008. La petición del fiscal asciende a 27 años de cárcel.

 

La histórica compañía se encuentra en fase de liquidación tras años de ser expoliada por sus directivos. Rafael Español estuvo en la presidencia desde 1994 hasta que el escándalo estalló en 2009, cuando se descubrió el verdadero agujero de la compañía, que superaban los 500 millones de euros, y veían la luz decenas de operaciones fraudulentas.

 

A Rafael Español le sustituyó Joan Castells que apenas duró diez días en cargo. José Luis Morlanes fue nombrado presidente. Ligado toda casi toda su vida laboral a La Seda como sindicalista tuvo próspera carrera en la política en PSC y UGT. Entró en el consejo de administración de la compañía como representante de los trabajadores a propuesta de Español. Pasó por varios cargos directivos, en los cuales bajo su responsabilidad se produjeron varias operaciones investigadas por la justicia. Mientras fue responsable del negocio inmobiliario, sector en el que tenía experiencia al haber sido concejal de urbanismo de Cornellá, se produjo el caso de la fábrica de El Prat Llobregat, por el cual está acusado por la Fiscalía por desviar 2,5 millones. También formó parte como consejero de la filial Artenius San Roque que cedió de forma ficticia una patente por valor de 100 millones.